En un procedimiento desarrollado bajo estricto hermetismo en La Araucanía, la PDI logró la captura de una organización dedicada al blanqueo de capitales. La diligencia, que incluyó allanamientos múltiples y el decomiso de vehículos de alta gama, marca un nuevo hito en la persecución de delitos económicos tras la reciente «Operación Imperio».

Tras los masivos operativos registrados recientemente en la región, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) han vuelto a golpear las estructuras financieras de organizaciones criminales. En esta ocasión, el foco estuvo en la comuna de Lautaro, donde una investigación permitió desarticular un grupo vinculado al lavado de activos, delito que busca introducir dinero de origen ilícito en el mercado formal.

Datos y Hechos: Incautaciones y detenciones en Lautaro

El operativo, liderado por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de Temuco, se ejecutó este miércoles e incluyó la entrada y registro de diversos inmuebles. Como resultado, seis personas fueron detenidas y trasladadas al cuartel policial de la institución.

Durante los allanamientos, los efectivos policiales procedieron a la incautación de:

• Dinero en efectivo (monto aún por determinar en el arqueo oficial).
• Vehículos de lujo y de alta gama.
• Especies de valor que formarían parte del patrimonio no justificado de los imputados.

Posturas y Reacciones: Segunda intervención de gran magnitud

Desde el Ministerio Público se ha mantenido reserva sobre los nombres de los imputados y el origen del dinero ilícito (que podría estar vinculado al tráfico de drogas, robo de madera u otros delitos base), a la espera de la audiencia de control de detención programada para este jueves en el Juzgado de Garantía.

Este procedimiento es visto por analistas de seguridad como la consolidación de una estrategia de «asfixia financiera» contra el crimen organizado en La Araucanía. Cabe recordar que esta intervención se suma a la denominada «Operación Imperio», donde se detuvo a más de 40 personas, lo que sugiere una línea de trabajo sistemática por parte de la Brilac para desmantelar el sustento económico de estas agrupaciones.

(Artículo 4 del Código Procesal Penal). Regula un proceso judicial en desarrollo. Los cargos podrían ser retirados al concluir la investigación, por lo que no se debe asumir la culpabilidad de los imputados hasta que exista una sentencia definitiva de la Justicia.