Tras un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado, el Ejecutivo modificó la indicación a la Ley de Migraciones que permitía solicitar información de extranjeros a establecimientos educacionales y de salud. La nueva propuesta mantiene facultades para obtener antecedentes en otros organismos, con el objetivo de facilitar la ejecución de expulsiones pendientes.

El Gobierno decidió modificar una de las indicaciones más controvertidas incluidas en la reforma a la Ley de Migraciones, luego de alcanzar un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado. La propuesta original permitía al Servicio Nacional de Migraciones solicitar información de extranjeros a establecimientos educacionales y de salud, medida que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la protección de derechos.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, la senadora Danisa Astudillo, informó que la nueva fórmula evitará que colegios, jardines infantiles y centros de salud sean utilizados como espacios de fiscalización migratoria. La parlamentaria valoró el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, señalando que permitirá concentrar la discusión en mecanismos más efectivos para concretar expulsiones de personas en situación migratoria irregular.

Posteriormente, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que el Gobierno ingresó una nueva indicación consensuada con los integrantes de la comisión. Según explicó, la propuesta amplía las facultades para solicitar información a distintos organismos públicos y privados, pero establece excepciones explícitas para establecimientos de salud, recintos educacionales de nivel parvulario, básico y medio, además de antecedentes relacionados con menores de edad.

Pávez sostuvo que el objetivo sigue siendo fortalecer la capacidad del Estado para ubicar y notificar a personas sujetas a procedimientos de expulsión. En ese contexto, explicó que muchas veces las autoridades no logran encontrar a quienes ya han sido notificados, dificultando la ejecución de las resoluciones migratorias. Por ello, el nuevo mecanismo busca acceder a datos de contacto mediante otras instituciones que no pertenezcan a los ámbitos de la educación o la salud.

La indicación original había recibido críticas desde sectores oficialistas y de oposición, además de observaciones formuladas por la Defensoría de la Niñez y el Colegio Médico, organismos que advirtieron que la medida podía generar temor entre familias migrantes y afectar el acceso a servicios básicos como salud y educación.

Desde el Senado, Astudillo defendió el acuerdo alcanzado, afirmando que las expulsiones deben ejecutarse mediante herramientas eficaces, sin afectar espacios fundamentales para la protección de niños, niñas y adolescentes. La legisladora sostuvo que fortalecer las facultades de notificación es compatible con resguardar el acceso a derechos esenciales y evitar que escuelas o centros de salud se conviertan en puntos de control migratorio.

La discusión continuará en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una legislación que permita acelerar los procesos de expulsión de extranjeros en situación irregular, manteniendo al mismo tiempo los resguardos acordados para sectores considerados sensibles.