El ministro Carlos Montes defendió el uso de fondos de proyectos habitacionales no ejecutados en el sur de Chile para la compra de la mega-toma «Cerro Centinela». Un funcionario del Minvu confirmó que La Araucanía fue una de las regiones que devolvió recursos.

Fondos de La Araucanía Reasignados a Mega Toma de San Antonio

El anuncio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de expropiar 100 de las 215 hectáreas de la mega-toma de San Antonio (Cerro Centinela) ha desatado una fuerte controversia, no solo por el mecanismo, sino por la procedencia de los casi $11 mil millones destinados a la operación.

El ministro Carlos Montes (PS) confirmó que el dinero proviene de la reasignación de presupuestos no ejecutados en los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de varias regiones del sur de Chile, incluyendo La Araucanía, además de Aysén, Los Lagos, Ñuble y Los Ríos.

El jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma (DC), confirmó a El Mercurio que la cifra supera los $10.900 millones y que se generó una «disponibilidad no planificada» porque muchos Serviu vieron que, debido a un cambio en la normativa de ejecución anual (vigente desde 2025), no alcanzarían a gastar los recursos antes del 31 de diciembre, optando por devolverlos al Ministerio antes que al Tesoro Público.

La Versión del Ministro Montes: «No es una Distorsión»

Consultado sobre si el dinero venía de proyectos no ejecutados, Montes calificó la verbalización como una «distorsión», aunque admitió la reasignación:

Ministro Carlos Montes: «Se van reasignando entre entidades. Porque hay regiones que avanzan más rápido y otras más lento. Se van reasignando. Esto es parte de la reasignación que se hizo.»

Montes atribuyó los atrasos en la ejecución a los cambios en las «reglas de juego» para los proyectos de asentamientos precarios, lo que demoró la obtención de autorizaciones en varias regiones.

Ocupantes Aportan y Dueños Demandan

El plan para el proyecto «Cerro Centinela» contempla la expropiación del terreno para luego regularizar el loteo y urbanizarlo.

• Compromiso de Ocupantes: El ministro aseguró que los ocupantes del terreno «se comprometen a pagar el equivalente al valor del terreno», aportando a un Fondo de Urbanización para costear la vialidad, calles y equipamiento comunitario.
• Acciones Legales: Los propietarios de las 100 hectáreas en San Antonio anunciaron que iniciarán acciones judiciales contra el Estado tras el anuncio de expropiación. Montes señaló que se buscó una «expropiación concordada» sin éxito, por lo que el Gobierno procedió con el mecanismo que establece la ley.