La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó un error técnico que, aunque parezca un asunto contable menor, tiene implicancias profundas en la confianza pública y en la transparencia del sistema tarifario eléctrico. El Informe Técnico Preliminar para la Fijación de Precios de Nudo Promedio del primer semestre de 2026, formalizado mediante la Resolución Exenta N° 633, reveló que en procesos de estabilización tarifaria anteriores se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al calcular los saldos de cobro a las distribuidoras. En términos simples, eso significa que durante un período no determinado, los consumidores pudieron haber pagado más de lo que correspondía legalmente.

El hallazgo, más allá de su dimensión técnica, abre un debate sobre la supervisión y la precisión con que se manejan los mecanismos de estabilización tarifaria, creados precisamente para proteger a los usuarios frente a la volatilidad de los costos eléctricos. Que un índice se haya aplicado duplicadamente no solo denota un error en la ejecución, sino una falla en los controles cruzados entre la CNE, el Ministerio de Energía y la Dirección de Presupuestos (Dipres), instituciones llamadas a garantizar que la regulación beneficie al ciudadano y no lo perjudique.

La Comisión, al corregir la metodología, ha dejado constancia de que los Precios de Nudo de Largo Plazo serán reajustados conforme a lo que dispone la Ley N° 21.472 y la Ley N° 21.667, eliminando la distorsión y ajustando el cálculo en los denominados “Saldos PEC”. Sin embargo, el reconocimiento del error no debe quedarse en la reparación técnica. Lo que el sistema eléctrico necesita es una revisión más profunda de sus procedimientos internos y una trazabilidad pública de las variables que determinan las tarifas, especialmente cuando millones de hogares dependen de ellas.

En Chile, el precio de la energía eléctrica no solo refleja el costo de generación o transmisión: es un componente directo del costo de vida. En regiones como La Araucanía, donde las familias ya enfrentan un alto gasto energético por condiciones climáticas y dependencia del consumo domiciliario, cada error en el cálculo se traduce en un golpe al presupuesto familiar. De ahí la importancia de que la CNE no solo corrija, sino que rinda cuentas con claridad sobre cómo y desde cuándo se aplicó la metodología equivocada.

La publicación del informe abre un periodo de observaciones para las empresas eléctricas antes del decreto definitivo que fijará los precios de nudo promedio a partir del 1 de enero de 2026. Es el momento ideal para que la autoridad exponga con lenguaje ciudadano los alcances de la corrección y las implicancias reales que tendrá en las boletas del próximo año. La energía no puede seguir siendo un territorio de tecnicismos opacos: su regulación debe ser comprensible y verificable por todos.

Porque en un país donde el costo de la electricidad es un tema recurrente de preocupación social, la transparencia no es un lujo administrativo; es una obligación moral.