Un grave error judicial y penitenciario tiene al sistema bajo escrutinio. El pasado 10 de julio, Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven venezolano de 18 años vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, fue liberado por Gendarmería desde el penal Santiago 1, pese a estar en prisión preventiva por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs.

La liberación fue posible gracias a una orden judicial errónea firmada por la jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, y enviada con respaldo electrónico y código QR. La Fiscalía reveló que el reo fue identificado inicialmente con otra identidad —Osmar Ferrer Ramírez— pero sus huellas confirmaron posteriormente su verdadero nombre, lo que llevó a emitir una alerta internacional para dar con su paradero, ya que se encuentra prófugo.

La gravedad del caso ha motivado una amplia investigación. El fiscal Marcos Pastén confirmó que siete funcionarios de Gendarmería están imputados por el delito de evasión culposa, debido a su presunta negligencia al ejecutar la orden de liberación sin verificar adecuadamente la situación judicial del imputado. Todos entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares y se solicitó acceso a sus cuentas bancarias.

Además, la propia jueza Irene Rodríguez fue imputada por prevaricación culposa, al haber firmado una resolución que no correspondía. También está imputada una funcionaria judicial acusada de falsificación de instrumento público, por elaborar un documento fraudulento relacionado con la liberación.

El caso ha provocado alarma en el sistema penitenciario y el Gobierno, que anunció una revisión urgente de los protocolos de excarcelación. Gendarmería, por su parte, defendió su actuar, señalando que la orden judicial contaba con validez electrónica.

Mientras tanto, el imputado Mejía Hernández sigue prófugo, y su conexión con el crimen organizado internacional refuerza la gravedad del fallo que permitió su salida.

Este caso revela fallas estructurales en el cruce de información entre el Poder Judicial y Gendarmería, y deja en evidencia la necesidad urgente de modernizar los sistemas de verificación y reforzar la responsabilidad institucional.