El Ministerio Público decidió llevar a juicio oral a diez imputados acusados de integrar una organización que habría administrado casinos ilegales y lavado millonarias sumas de dinero en la capital del Biobío.

La Fiscalía Regional del Bío Bío resolvió avanzar a juicio oral contra una organización acusada de explotar casinos clandestinos en el centro de Concepción, en una investigación que se ha extendido por más de tres años y que involucra delitos económicos y asociación ilícita.

La causa apunta a una red que habría operado al menos cinco locales con máquinas tragamonedas ilegales, utilizando distintas sociedades comerciales para mover millonarias cifras entre 2020 y 2023.

Según la acusación presentada por la fiscal Pamela Lillo, el grupo habría movilizado cerca de $12.500 millones durante ese período, generando ganancias superiores a los $4.300 millones.

El principal acusado es Marlo Alarcón Opazo, sindicado por el Ministerio Público como líder de la estructura delictual y quien enfrenta una petición de condena que suma 25 años de presidio por delitos de asociación delictual, lavado de activos, comercio clandestino y explotación ilegal de casinos.

La investigación tuvo uno de sus hitos en 2024, cuando un amplio operativo policial permitió allanar media docena de locales en la capital penquista. En el procedimiento se decomisaron cerca de 1.500 máquinas electrónicas y fueron detenidas 19 personas.

Pese a ello, por ahora la Fiscalía decidió llevar a juicio a 10 imputados, solicitando distintas penas que van desde los 540 días hasta los cinco años de cárcel, dependiendo del nivel de participación atribuido.

Desde la Municipalidad de Concepción valoraron el avance de la causa, destacando el trabajo coordinado entre la Fiscalía y las policías. El jefe jurídico del municipio, Rodrigo Díaz, afirmó que el proceso permitirá esclarecer si las máquinas utilizadas correspondían realmente a juegos de azar.

Precisamente ese punto será uno de los ejes centrales del juicio. La defensa insiste en que los tragamonedas incautados son máquinas de habilidad y no de azar, por lo que rechazan las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

El abogado Pablo Larredonda Alcayaga sostuvo que entregar premios no basta para catalogar las máquinas como ilegales y aseguró que buscarán instalar dudas razonables sobre el carácter azaroso de los equipos decomisados.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 22 de junio en el Juzgado de Garantía de Concepción.