La ley chilena permite a los recintos educacionales prohibir teléfonos y requisar este tipo de dispositivos cuando sea necesario

La normativa vigente en Chile autoriza a los establecimientos educacionales a impedir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar y también a revisar las mochilas de los estudiantes para retirarlos temporalmente, cuando ello se justifique en función de la convivencia y el orden. Así lo explican expertos y autoridades tras la polémica generada por diversos colegios que han puesto en práctica esta medida.

Según especialistas en legislación educacional, la clave está en que estas acciones se enmarquen dentro de las facultades que tiene cada establecimiento para velar por la disciplina y el bienestar general de sus estudiantes, sin que ello signifique una vulneración automática de derechos. La medida ha sido defendida por sostenedores y algunos apoderados como una forma de reducir distracciones, acoso escolar y problemas de convivencia asociados al uso de móviles.

La discusión se intensificó en las últimas semanas debido a casos en que profesores y asistentes de la educación han solicitado a los estudiantes que entreguen sus celulares al inicio de la jornada o que accedan a que se revisen sus mochilas para detectar si portan estos dispositivos, lo que generó dudas jurídicas sobre la legitimidad de dichas prácticas.

Juristas consultados señalan que estos procedimientos son aplicables y legales siempre que se realicen con criterios objetivos y no discriminatorios, y que estén establecidos en el proyecto educativo institucional (PEI) y en los reglamentos internos del establecimiento, los cuales deben ser conocidos por las familias. La revisión de mochilas, en particular, debe estar contemplada explícitamente y efectuarse con respeto a la dignidad de los estudiantes y cumpliendo garantías básicas, evitando registros invasivos o arbitrarios.

La Superintendencia de Educación también ha señalado que los colegios tienen autonomía para definir sus normas de convivencia y uso de tecnología siempre que estas no contravengan los derechos fundamentales de los estudiantes y se apliquen de forma razonable y proporcional.