Avanza en el Congreso propuesta que busca reducir la fragmentación y dar viabilidad a colectividades en riesgo de desaparecer

La Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Gobierno Interior, aprobó y despachó a Sala un proyecto de reforma al sistema político impulsado por el gobierno para enfrentar la disolución de partidos políticos tras las últimas elecciones parlamentarias. La iniciativa ahora deberá ser votada por la Sala en su último trámite antes de convertirse en ley.

La reforma tiene como objetivo minimizar la fragmentación partidaria y promover la gobernabilidad, introduciendo ajustes a la normativa vigente que regula la constitución de colectividades y su permanencia en el sistema político. Entre los cambios principales está la exigencia de que los partidos requieran un 0,3 % del padrón electoral para constituirse legalmente, una cifra ajustada desde la propuesta original y superior a la normativa vigente.

Un punto central de la iniciativa es una norma transitoria que permite que partidos que no alcanzaron el umbral mínimo de votación en las elecciones de 2025, pero que cuentan con al menos un parlamentario electo, puedan fusionarse con otros que sí cumplieron con requisitos de votos o representación. Esto busca evitar la desaparición de colectividades y ofrecer una alternativa de continuidad legal y política para dichas agrupaciones.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, valoró el avance de la iniciativa y destacó que existe un consenso en la comisión sobre la necesidad de avanzar en una reforma que equilibre representatividad y gobernabilidad, siguiendo el mandato del presidente Gabriel Boric.

El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, calificó el despacho como un “gran acuerdo” en un tema clave para el sistema político, aunque precisó que algunos aspectos —como la discusión sobre el llamado “discolaje” o pérdida de escaño por indisciplina— avanzarán de forma complementaria.

La reforma al sistema político también incluye restricciones al acceso a financiamiento público para partidos sin representación parlamentaria, así como normas sobre disciplina y uso de recursos en caso de que parlamentarios renuncien a su colectividad.