El Seremi Israel Campusano respalda la reforma y advierte que los funcionarios municipales no pueden seguir trabajando sin certezas jurídicas ni resguardo ante agresiones.

El avance de la Ley de Seguridad Municipal entró en fase decisiva en el Congreso y se espera que sea despachada antes del cambio de mando presidencial en marzo de 2026. El proyecto promete transformar la forma en que los municipios enfrentan la creciente demanda por seguridad y orden en sus territorios. Sin embargo, autoridades y gremios municipales mantienen reparos respecto a la implementación operativa y al nivel de respaldo que tendrán los funcionarios en terreno.

En regiones como La Araucanía, donde la conflictividad y el aumento de episodios violentos tensionan a los equipos municipales, el debate tiene un peso especial.

Armas no letales, atribuciones ampliadas y un sistema de información interconectado

La iniciativa incorpora una batería de medidas:

• Autorización para el uso defensivo de armas no letales, como pistolas taser.
• Agravantes penales para quienes agredan a inspectores municipales.
• Capacitación y equipamiento estandarizado para funcionarios de seguridad.
• Creación de una plataforma de intercambio de información entre municipios, policías y Ministerio Público.
• Incorporación de criterios de seguridad en los planes comunales de inversión y diseño urbano.

La propuesta apunta a elevar el estándar de profesionalización, pero también a ordenar responsabilidades en un ecosistema donde inspectores municipales han debido cubrir tareas para las que no siempre tienen respaldo normativo.

“La ley debe proteger a quien cumple su deber”

El Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, marcó posición frente al debate nacional. Sus declaraciones llegan tras recientes incidentes en Valparaíso, Concepción y Temuco, donde inspectores fueron agredidos y, en el caso de la capital regional, un funcionario terminó detenido en el ejercicio de sus funciones.

“El país no puede permitir que quienes cumplen un rol de fiscalización terminen enfrentando situaciones que antes vivían carabineros, previo a la Ley Naín–Retamal. La ley debe proteger a quien cumple su deber, no castigar su vocación”, afirmó la autoridad.

Campusano añadió que este proyecto “marca un antes y un después en la seguridad municipal”, ya que entrega un marco de acción moderno, con límites y responsabilidades definidas, pero también con reales mecanismos de protección para los equipos en terreno.

Reglamentos pendientes y una implementación que podría tardar meses

Aunque el Ejecutivo espera que la ley quede aprobada antes de marzo, su aplicación práctica dependerá de los reglamentos que definan estándares, protocolos y competencias. Ese proceso podría demorar varios meses.

Los municipios, en especial los de La Araucanía, insisten en que cualquier implementación debe considerar financiamiento suficiente, claridad operativa y garantías para evitar que inspectores municipales enfrenten riesgos sin respaldo jurídico.