La organización criminal habría sacado de Chile más de 84 millones de dólares entre 2022 y 2026. La Fiscalía sostiene que los fondos provenían de extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y contrabando.

El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Martín Arrau, presentó una querella contra los 17 imputados formalizados en el marco de la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una de las mayores estructuras de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua en Chile.

La acción judicial se suma al trabajo desarrollado por la Fiscalía Metropolitana Sur, que durante el fin de semana logró que 14 de los imputados quedaran en prisión preventiva por su participación en la organización criminal.

Según los antecedentes expuestos por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, junto a los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza, la estructura conocida como “Los Shelby” operaba como el brazo financiero del Tren de Aragua y habría lavado cerca de 75 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas, contrabando y otros delitos.

La investigación permitió formalizar delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. De los 19 detenidos inicialmente durante el megaoperativo, 17 fueron formalizados por su participación en la red financiera de la organización.

Uno de los antecedentes más relevantes expuestos por el Ministerio Público señala que la estructura criminal habría sacado de Chile cerca de 84 millones de dólares entre los años 2022 y 2026, utilizando empresas fachada, cuentas bancarias y mecanismos financieros destinados a ocultar el origen ilícito de los recursos.

De acuerdo con la investigación, el líder de esta estructura era un sujeto conocido como “Yefri” o “El Shelby”, quien mantenía bajo su control las operaciones de extorsión y contrabando, además de recibir recursos provenientes del tráfico de drogas y la trata de personas desarrolladas por el Tren de Aragua.

Actualmente, el principal imputado se encontraría fuera del país y habría delegado funciones a diversos testaferros encargados de crear empresas de papel y facilitar cuentas corrientes para el movimiento de dinero. Como parte de las diligencias, las autoridades lograron congelar 140 cuentas bancarias presuntamente utilizadas para blanquear ganancias ilícitas.

La Fiscalía sostiene además que la estructura dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, considerado el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica y quien actualmente permanece recluido en una cárcel de Colombia.