El problema no está solo en la existencia del cobro, sino en la forma en que este se ejecuta. Cuando el procedimiento se traduce en cuentas bancarias vaciadas, sueldos comprometidos o personas que se enteran de un día para otro de que no cuentan con dinero disponible, el debate deja de ser meramente administrativo y pasa a ser profundamente social.

El debate por los embargos aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando busca recuperar recursos fiscales? La respuesta no puede ser simplista. El CAE es una deuda y, como tal, debe ser abordada con responsabilidad. Pero una cosa es cobrar y otra muy distinta es aplicar mecanismos que terminen dejando a personas y familias sin recursos básicos para vivir.

La Tesorería General de la República ha defendido que el proceso de cobro es gradual, que contempla alternativas de regularización y que los embargos se aplican en casos donde no ha existido respuesta o cumplimiento. Desde el punto de vista institucional, el Estado tiene atribuciones para perseguir el pago de obligaciones pendientes. Nadie podría sostener seriamente que una deuda simplemente desaparece porque resulta incómoda o políticamente impopular.

Sin embargo, el problema no está solo en la existencia del cobro, sino en la forma en que este se ejecuta. Cuando el procedimiento se traduce en cuentas bancarias vaciadas, sueldos comprometidos o personas que se enteran de un día para otro de que no cuentan con dinero disponible, el debate deja de ser meramente administrativo y pasa a ser profundamente social.

El CAE no nació como una deuda de consumo cualquiera. Surgió como una herramienta de financiamiento para acceder a la educación superior en un país que durante años empujó a miles de jóvenes y familias a endeudarse para estudiar. Muchos de esos deudores no son evasores sofisticados ni grandes patrimonios ocultando recursos. Son profesionales, trabajadores, jefas de hogar, familias de clase media y personas que arrastran una obligación que, en muchos casos, ha acompañado buena parte de su vida adulta.

Por eso resulta razonable que el Estado cobre. Pero también resulta indispensable que cobre con proporcionalidad, transparencia y humanidad. Ningún sistema serio de recaudación debiera operar de manera tal que deje a una persona sin capacidad de pagar arriendo, alimentación, transporte, medicamentos o compromisos básicos. Una política pública que recupera recursos, pero genera angustia financiera inmediata, termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.

El diputado José Montalva lo resumió con una frase directa: “Ninguna deuda se cobra de esa manera”. La expresión apunta precisamente al fondo del problema. No se trata de promover el no pago ni de desconocer las obligaciones asumidas. Se trata de exigir que el Estado distinga entre cobrar y asfixiar; entre aplicar la ley y producir un daño desproporcionado; entre recuperar fondos públicos y castigar a quienes ya cargan con años de endeudamiento.

El caso también desnuda una contradicción mayor del sistema chileno: durante décadas se permitió que el acceso a la educación superior descansara en el endeudamiento individual, pero cuando ese modelo muestra sus costos humanos, la respuesta vuelve a recaer sobre el deudor. El debate sobre el CAE no puede reducirse a si las personas pagan o no pagan. También debe mirar cómo llegamos hasta aquí, qué responsabilidad tuvo el Estado, qué rol jugaron las instituciones financieras y qué tipo de solución de largo plazo se ofrecerá a quienes aún están atrapados en este sistema.

La discusión legislativa que se abre ahora debiera apuntar a un criterio básico: las deudas deben pagarse, pero los sueldos y recursos esenciales de las personas deben tener protección efectiva. Si el objetivo es recuperar dineros fiscales, entonces se requieren mecanismos de repactación realistas, cobros proporcionales al ingreso, información clara y procedimientos que no transformen la vida cotidiana de los deudores en una emergencia económica.

El Estado no puede comportarse como un acreedor cualquiera. Tiene una responsabilidad superior. Debe cobrar, sí, pero también debe cuidar el principio de justicia, especialmente cuando se trata de una deuda vinculada al derecho a estudiar.

El CAE ya fue, por años, símbolo de una promesa incumplida: estudiar para mejorar la vida, pero terminar hipotecando buena parte del futuro. Convertir ahora esa deuda en embargos que golpean directamente las cuentas de las personas solo profundiza esa herida.

Chile necesita ordenar el sistema de financiamiento de la educación superior, recuperar recursos públicos y establecer reglas claras. Pero también necesita algo igual de importante: que la institucionalidad no pierda de vista que detrás de cada deuda hay una persona, una familia y una historia.

Cobrar es legítimo. Asfixiar no.