En Chile, el suicidio es una de las causas de muerte prevenible más urgentes de nuestra realidad. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, entre 2010 y 2019 la tasa observada fue de 11,17 por cada 100.000 habitantes, posicionando el suicidio entre las principales causas de mortalidad prematura. Las cifras son inequívocas: cada año, miles de personas llegan al extremo de quitarse la vida en medio de silencios sociales y vacíos institucionales.

Se estima que cerca del 80 % de los suicidios están vinculados a trastornos mentales. Dentro de ese amplio abanico de afecciones, el Trastorno Límite de Personalidad (TLP) representa uno de los mayores desafíos clínicos: caracterizado por la inestabilidad emocional, impulsividad, miedo al abandono y conductas autolesivas, el TLP cobra una carga desproporcionada de riesgo suicida.

Diversas investigaciones respaldan esta elevadísima peligrosidad. Un estudio chileno en pacientes hospitalizados con trastornos de personalidad detectó que el TLP era el diagnóstico más frecuente dentro del grupo (48 %) y que el 71 % de los pacientes tenía algún nivel de riesgo suicida, cifra que para los casos con TLP llegaba al 79 %. A nivel internacional, revisiones sistemáticas muestran que entre el 30 % y el 67 % de personas con trastornos de personalidad han manifestado suicidio en estudios clínicos. Más específicamente, en el TLP se informa que hasta un 10 % de los casos puede terminar en suicidio consumado.

A pesar de esa evidencia, el sistema de salud chileno ha adoptado una línea de omisión persistente. Mientras que diagnósticos como depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia cuentan con cobertura GES —garantías explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera—, el TLP queda fuera del listado de patologías protegidas. Esto significa que las personas que padecen este trastorno, y sus familias, quedan expuestas a una doble condición de vulnerabilidad: el sufrimiento emocional y el desgaste económico.

Porque los tratamientos especializados —terapias intensivas, psicoterapia dialectical conductual (DBT), intervenciones de trauma— son caros y demandantes en seguimiento, algunos hospitales públicos ofrecen apenas programas muy limitados o no los ofrecen en absoluto. En el sistema privado, los costos pueden superar los $800.000 mensuales (según testimonios y experiencias clínicas de familias) —una cifra inalcanzable para la mayoría.

Esta disparidad no es solo una falla técnica, sino una forma de abandono. La prevención del suicidio no puede reducirse a líneas telefónicas, campañas mediáticas o festivales de concientización; requiere acceso real, sistemático y urgente a tratamiento especializado para quienes más lo necesitan. Excluir al TLP del GES no es una decisión administrativa, es una sentencia silenciosa que ignora una enfermedad sobradamente documentada.

Chile debe asumir que el suicidio no ocurre de la nada: emerge del sufrimiento profundo, de la soledad, de la falta de redes efectivas y de una respuesta institucional deficiente. El TLP no es un trastorno de segunda categoría; es una urgencia de salud pública que exige acción política.

No podemos permitir que quienes viven con TLP sigan siendo olvidados. No podemos contentarnos con promesas y discursos bienintencionados cuando la vida humana —de esas casi 800 mil personas afectadas— está en riesgo. El sistema debe dejar de mirar hacia otro lado: extender las garantías que salvaguardan otras enfermedades mentales al TLP significa salvar vidas reales, familias enteras y la dignidad de quienes ya luchan día a día.

Porque en última instancia, la mayor forma de prevenir suicidios es no abandonar a quienes más riesgo tienen.