El máximo tribunal emitió un duro informe sobre el proyecto impulsado por el Gobierno de José Kast, alertando sobre posibles deudas fiscales, incertidumbre jurídica y debilitamiento de la protección ambiental.

Nuevos cuestionamientos enfrenta el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo, luego que la Corte Suprema emitiera un crítico informe donde advierte una serie de riesgos jurídicos, ambientales y fiscales asociados a las modificaciones que propone la iniciativa.

El análisis del máximo tribunal apunta especialmente a las normas destinadas a agilizar permisos ambientales y destrabar inversiones, advirtiendo que varias de las disposiciones podrían generar “incertidumbre jurídica”, afectar la tutela ambiental e incluso comprometer recursos fiscales del Estado.

Uno de los primeros reparos de la Corte Suprema se relaciona con la falta de claridad respecto a quiénes podrán impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según el informe, aunque el proyecto crea una vía directa ante los Tribunales Ambientales, no modifica la normativa que regula la legitimación activa, generando dudas sobre quiénes tendrán realmente facultades legales para accionar judicialmente.

El tribunal también cuestionó duramente el mecanismo que obliga al Estado a restituir inversiones privadas cuando una RCA sea anulada por la justicia. A juicio de los ministros, esta medida transforma al Estado en una especie de “asegurador general del riesgo regulatorio”, trasladando riesgos empresariales hacia fondos públicos y alejándose de los principios tradicionales de responsabilidad civil.

En esa línea, el informe advierte que esta obligación podría generar un efecto inhibitorio sobre los propios jueces ambientales, ya que cada fallo que deje sin efecto un permiso podría traducirse en una deuda fiscal en favor de empresas privadas.

Otro de los puntos observados por la Corte Suprema dice relación con las medidas cautelares ambientales. El proyecto establece un plazo máximo de seis meses para paralizar judicialmente una iniciativa, lo que, según el tribunal, podría afectar el principio preventivo ambiental en casos donde persistan riesgos graves o irreversibles para el entorno.

Además, el máximo tribunal detectó vacíos procesales respecto al tribunal competente para resolver reclamaciones asociadas a restituciones económicas, criticando que el articulado no precise adecuadamente las competencias ni el domicilio institucional de los organismos involucrados.

Finalmente, la Corte Suprema cuestionó la técnica legislativa utilizada por el Ejecutivo, señalando que estas modificaciones debieron incorporarse directamente a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para otorgar mayor coherencia normativa y seguridad jurídica.