Publicado por: Tiempo 21 | miércoles 18 de marzo de 2026 | Publicado a las: 17:13
La designación de Lesly Covarrubias como jefa jurídica de la Subsecretaría de Seguridad Pública abrió un nuevo flanco político para el Gobierno, luego de que diputados del Partido de la Gente (PDG) manifestaran públicamente su rechazo a la decisión.
La profesional, que anteriormente se desempeñó como asesora en el Ministerio del Interior durante la administración del expresidente Gabriel Boric, fue nombrada por el subsecretario Andrés Jouannet, lo que generó cuestionamientos desde el Congreso por su vínculo con el gobierno anterior y su cercanía con el exsubsecretario Manuel Monsalve.
Ante este escenario, los diputados Patricio Briones, Flor Contreras y Tamara Ramírez enviaron una carta al Presidente José Antonio Kast solicitando que se revisen las contrataciones en la cartera, advirtiendo posibles señales contradictorias en el manejo de la seguridad pública.
El diputado Patricio Briones fue crítico con la decisión, señalando que “la designación de Covarrubias representa un claro desdén hacia la confianza que los ciudadanos depositaron en este gobierno. No podemos permitir que personas con antecedentes políticos en gobiernos pasados ocupen cargos decisivos en áreas tan sensibles como la seguridad”.
En la misma línea, la diputada Flor Contreras enfatizó la necesidad de evaluar el perfil de las autoridades en áreas estratégicas, indicando que “se trata de una profesional que fue parte del gobierno del Presidente Boric, y eso hace necesario evaluar su gestión con atención, la seguridad pública requiere de profesionales con un enfoque técnico y no de figuras políticas que pueden tener sesgos ideológicos. Es fundamental aclarar cuál es la visión del nuevo gobierno en esta materia”.
Por su parte, la parlamentaria Tamara Ramírez cuestionó el criterio del nombramiento y advirtió sobre las expectativas ciudadanas en materia de seguridad. “Es preocupante que el subsecretario Jouannet haya decidido rodearse de personas con vínculos directos al anterior gobierno, cuando se esperaba un cambio real en la forma de abordar la problemática de la seguridad. Los ciudadanos merecen respuestas claras y efectivas, no más de lo mismo”, sostuvo.
La controversia se instala en un momento clave para el Ejecutivo, donde la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades, y donde las decisiones de nombramientos comienzan a ser observadas con especial atención desde el mundo político.