Un millonario fraude por más de $20 mil millones golpea a Fonasa tras un masivo operativo de la PDI y la Fiscalía Oriente. Siete profesionales extranjeros fueron capturados por emitir licencias fraudulentas a empleados públicos que, en lugar de guardar reposo, fueron detectados en casinos o saliendo del país hacia el extranjero.

La investigación, que nació de una auditoría de la Contraloría, no solo apunta a los facultativos: la Fiscalía ya solicitó la formalización de 318 funcionarios estatales que compraron estos certificados falsos. El caso revela una grieta profunda en el sistema de fiscalización pública que permitió el pago de más de 26 mil licencias irregulares entre 2021 y 2024.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI puso fin a una de las redes de defraudación más extensas de los últimos años en el sistema de salud. En operativos simultáneos en Santiago, Puerto Montt y Quillota, los detectives capturaron a siete ciudadanos extranjeros —de nacionalidad colombiana, venezolana y cubana— acusados de orquestar un esquema de emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas. El perjuicio fiscal es histórico: se estima que Fonasa desembolsó más de 20.800 millones de pesos por días de reposo que nunca fueron tales, beneficiando a una red de compradores que ocupaban cargos en la administración del Estado.

El rastro del fraude quedó al descubierto gracias a un informe cruzado de la Contraloría General de la República, que detectó una anomalía imposible de ignorar: cientos de funcionarios públicos con licencia vigente figuraban en los registros de Policía Internacional saliendo del país o fueron captados apostando en casinos. Tras este hallazgo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para liderar una indagatoria que hoy escala a niveles penales sin precedentes. No se trata solo de los médicos; la justicia ya puso la lupa sobre 318 trabajadores públicos que habrían pagado por estos documentos para obtener beneficios económicos y tiempo libre de forma fraudulenta.

Este operativo, que se extiende desde la Región Metropolitana hasta el sur del país, marca un hito en la persecución de delitos de cuello blanco. Mientras los seis médicos y su colaborador enfrentan cargos por obtención fraudulenta de subvenciones estatales, la opinión pública pone el foco en la vulnerabilidad de un sistema de salud que permitió el pago de casi 27 mil licencias viciadas. La magnitud de los 20 mil millones de pesos defraudados reabre el debate sobre la urgencia de endurecer las sanciones para quienes, desde el interior del aparato público, abusan de los recursos que deben financiar la salud de los sectores más necesitados del país.