El Gobierno reforzó el Plan de Seguridad Agroalimentaria con nuevas unidades y equipamiento, mientras gremios advierten que la presencia militar ya se está normalizando.

La temporada de cosecha en La Araucanía volverá a desarrollarse bajo un amplio operativo de seguridad que contempla la participación del Ejército, Carabineros y, por primera vez, la PDI, en el marco del Plan de Seguridad Agroalimentaria, una medida que se ha vuelto recurrente ante el aumento de atentados incendiarios y amenazas en predios agrícolas.

El refuerzo, confirmado por el Gobierno regional, busca asegurar la continuidad productiva entre enero y marzo, periodo donde los gremios proyectan casi un atentado por semana.

Plan Cosecha Segura: un mecanismo que se consolida

El presidente de los Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, señaló que la presencia de efectivos en terreno sigue siendo indispensable para resguardar maquinaria, operadores y silos de almacenamiento.

“En verano los ataques se intensifican. El acompañamiento es necesario y no se puede retirar mientras no existan garantías mínimas de seguridad”, afirmó.

Sin embargo, otros gremios expresan preocupación por la creciente dependencia de fuerzas militares. El presidente de la SOFO, Eduardo Renner, advirtió que el despliegue “se está normalizando peligrosamente” y que el objetivo debe ser “trabajar en paz sin tener que operar con escoltas”.

Nuevas herramientas, despliegue ampliado y la PDI en terreno

El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, detalló que el plan incorpora nuevos vehículos, equipamiento tecnológico y mayor presencia preventiva en zonas rurales.

Además, confirmó la integración formal de la PDI, que investigará delitos asociados a amenazas, extorsión, incendios y daños a maquinaria agrícola, reforzando las capacidades del Estado para perseguir a grupos violentos.

El Gobierno también trabaja junto a los gremios en un mapa de puntos críticos y predios productivos, información que permitirá focalizar recursos según riesgo y densidad de cosechas. La inscripción de agricultores para el plan comenzará en diciembre, con la meta de superar la adhesión registrada en 2024.

Un síntoma de la crisis de seguridad en el sur

El despliegue vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad en la que operan los agricultores de la macrozona sur, donde la violencia rural continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la actividad agroalimentaria.

Mientras el Ejecutivo defiende el plan como una herramienta “transitoria y necesaria”, los gremios insisten en que las medidas deben apuntar a restablecer el control territorial, evitar la normalización de escoltas permanentes y avanzar en investigaciones que permitan disminuir los atentados.