El sindicato desmintió las declaraciones de la autoridad regional, quien señaló en medios de comunicación que “todos los trabajadores están regularizados y las líneas han llegado a acuerdos con sus sindicatos”.

Según el gremio, los contratos actuales no cumplen las normas del Código del Trabajo ni los estándares del propio Ministerio de Transportes, ya que —afirman— no se pagan horas extras, no existe sueldo base y no se entregan los certificados previsionales exigidos cada tres meses por la licitación del perímetro de exclusión Temuco–Padre Las Casas.

“La seremi miente cuando afirma que todo está regularizado. Casi la mitad de los conductores sigue sin contrato y los que existen son ficticios o no cumplen la ley”, denunció la directiva sindical.

Los trabajadores recordaron además que la Resolución N°5926 DEX + AC Recaudo Araucanía, firmada por el Ministerio de Transportes, obliga al propio ministerio a fiscalizar el cumplimiento laboral y previsional de las empresas operadoras.

“El MTT tiene responsabilidad directa. No puede escudarse en la Inspección del Trabajo, porque el contrato establece claramente que la fiscalización es parte del rol del Ministerio”, precisaron.

Dictamen y denuncias sin respuesta

El sindicato adjuntó el Dictamen N°679/2025 de la Dirección del Trabajo, emitido el 3 de octubre de este año, que respalda sus denuncias. El documento establece que los subsidios estatales al transporte no pueden implicar reducción de sueldos y que todas las denuncias vigentes deben ser investigadas.

Asimismo, los dirigentes acusaron que varias denuncias formales presentadas ante el Ministerio y la Seremi fueron cerradas sin respuesta, calificando la situación como una “negligencia institucional” que agrava la precariedad de los conductores.

Doble estándar y exigencias

Desde la organización sindical también apuntaron a un doble estándar en las fiscalizaciones. “Mientras se presiona a los conductores por temas menores, como el uniforme o la limpieza del bus, se ignoran los derechos básicos garantizados por ley”, indicaron.

El sindicato exige una respuesta pública de la seremi Mary Valdebenito, que el Ministerio de Transportes asuma su deber fiscalizador según las leyes N°20.378 y N°21.692, y que la Dirección del Trabajo inicie una investigación formal en base al dictamen vigente.

“No aceptaremos que se sigan mintiendo cifras ni ocultando irregularidades. Los conductores merecen condiciones laborales dignas y transparencia en la gestión pública”, concluyó la declaración sindical.