La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva de un funcionario de la PDI implicado en múltiples delitos relacionados con la denominada “Operación Imperio”. La investigación involucra alertas a una red criminal que terminó con casi 40 detenciones en la ciudad.

Prisión preventiva ratificada por la Corte
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco decidió, por unanimidad, mantener en prisión preventiva al detective J.A.C.H., funcionario de la Policía de Investigaciones, imputado por delitos como cohecho, fraude de seguros, tenencia ilegal de municiones y violación de secreto. La Corte argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El oficial fue detenido el jueves 16 de octubre y posteriormente dado de baja de la institución policial. Según la investigación, habría colaborado con uno de los líderes de la banda alertando sobre la realización de operativos en Temuco, los cuales culminaron con cerca de 40 personas detenidas.

Investigación y delitos imputados
La fiscalía atribuye al exfuncionario la participación en diversos ilícitos, incluyendo obstrucción a la investigación y falsedad en informes policiales, cometidos supuestamente en coautoría con otro funcionario de la PDI. Además, se le acusa de alertar a integrantes de una red de lavado de activos, dificultando la labor de la policía.

El jefe del INDH en La Araucanía, Federico Aguirre, señaló que tras un recurso de amparo, se constató que el detective permanecía en condiciones inadecuadas en un calabozo del cuartel, sin luz, agua ni acceso a baño. Tras la visita de inspección, se corrigieron estas condiciones.

Audiencia y diligencias judiciales
El Juzgado de Garantía de Temuco realizó una audiencia donde el juez Mauricio Torres decidió inspeccionar personalmente el Complejo Policial Araucanía de la PDI, un procedimiento poco frecuente, para asegurar el cumplimiento de los derechos del detenido.

Con la decisión de la Corte, se busca garantizar que el proceso judicial siga su curso sin riesgos para la investigación.

(Artículo 4 del Código Procesal Penal). Regula un proceso judicial en desarrollo. Los cargos podrían ser retirados al concluir la investigación, por lo que no se debe asumir la culpabilidad de los imputados hasta que exista una sentencia definitiva de la Justicia.