☰
x
Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 19 de agosto de 2026 | Publicado a las: 10:00
La Universidad Autónoma de Chile salió públicamente a responder a las declaraciones realizadas por el gobernador regional René Saffirio a raíz del Informe Final de Auditoría N.º 744 de Contraloría, que examinó los convenios suscritos entre la casa de estudios y el Gobierno Regional de La Araucanía.
A través de una declaración pública, la institución precisó que los aproximadamente $21 mil millones mencionados durante los últimos días corresponden al total de los recursos transferidos para la ejecución de los convenios fiscalizados y aseguró que esa cifra no representa un monto que Contraloría haya declarado defraudado, no rendido o utilizado irregularmente.
La respuesta surge después de que Saffirio anunciara que el Gobierno Regional presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, a partir de los antecedentes contenidos en el informe del organismo contralor.
La universidad abordó también otro de los montos que ha marcado la controversia: los $6.929 millones consignados como pendientes de rendición.
Según la Autónoma, esa cifra corresponde a un corte efectuado al 30 de junio de 2024 y no reflejaría la situación actual, debido a que posteriormente la institución continuó presentando y complementando antecedentes relacionados con las rendiciones.
Actualmente, sostiene la casa de estudios, cuatro de los 12 programas involucrados, equivalentes a aproximadamente $1.750 millones, cuentan con cierre formal del Gobierno Regional.
Respecto de los ocho programas restantes, por alrededor de $19.870 millones, la universidad afirma que se encuentran ejecutados y que sus rendiciones fueron presentadas, aunque todavía está pendiente que el Gobierno Regional concluya su revisión y cierre administrativo.
La declaración también responde directamente al escenario penal abierto tras el anuncio del gobernador.
La Universidad Autónoma reconoce que el informe de Contraloría contiene observaciones específicas que actualmente están siendo analizadas, entre ellas asuntos relacionados con documentación tributaria presentada por determinados beneficiarios y un saldo cuya restitución debe ser solicitada por el Gobierno Regional.
Sin embargo, enfatiza que dichas observaciones no comprenden la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos.
Asimismo, la institución sostiene que el informe de Contraloría no establece que la Universidad Autónoma haya cometido los delitos mencionados públicamente y recuerda que determinar eventuales responsabilidades corresponde a los organismos competentes.
Otro punto relevante de la declaración se refiere al origen y aprobación de las iniciativas.
La universidad señala que participó como entidad ejecutora de 12 programas correspondientes a diez convenios y asegura que las materias abordadas fueron definidas exclusivamente por la autoridad regional.
Según la institución, la priorización, asignación de recursos y aprobación de los convenios correspondieron solamente al Gobierno Regional de La Araucanía.
Finalmente, la Universidad Autónoma manifestó su disposición a colaborar con Contraloría, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones que intervengan en las investigaciones, asegurando que mantiene disponibles los antecedentes relacionados con la ejecución de los programas.
