La iniciativa presentada por el diputado de Evópoli busca aliviar la carga económica de agricultores y propietarios rurales que, según el parlamentario, han sufrido una fuerte devaluación de sus terrenos debido a atentados y hechos de violencia registrados en la macrozona sur durante la última década.

El diputado Tomás Kast presentó un proyecto de ley que busca establecer una exención parcial o total del pago de contribuciones para predios rurales ubicados en zonas afectadas por hechos de violencia en las regiones de La Araucanía y Biobío.

La propuesta fue ingresada junto a otros parlamentarios de La Araucanía y apunta a beneficiar a propietarios agrícolas cuyos terrenos hayan estado expuestos a ataques incendiarios, atentados o episodios de violencia rural registrados durante los últimos diez años. Según el documento, la iniciativa busca reconocer el impacto económico que estos hechos han generado sobre el valor de las propiedades y las actividades productivas.

“El Estado no puede seguir cobrando impuestos como si las condiciones en el sur fueran normales. Es un acto de mínima justicia económica eximir de este pago a quienes no pueden producir, habitar ni invertir en sus tierras debido al terror y al abandono en materia de seguridad”, sostuvo Tomás Kast.

El parlamentario agregó que “no se trata solo de los predios tomados, sino de miles de familias atrapadas en zonas de alto riesgo que lo han perdido todo, incluido el valor de sus propiedades”.

De acuerdo a los impulsores del proyecto, entre marzo de 2024 y marzo de 2026 la macrozona sur habría registrado un promedio cercano a cinco atentados mensuales, situación que —afirman— mantiene un escenario de inseguridad permanente para agricultores y habitantes del mundo rural.

La iniciativa también abre debate respecto a los mecanismos de acreditación de los daños y los criterios que deberían utilizarse para determinar qué predios podrían acceder al beneficio tributario, en medio de cuestionamientos históricos surgidos en La Araucanía sobre eventuales montajes o autoatentados vinculados al cobro de seguros en maquinaria agrícola y camiones.

Tomás Kast indicó finalmente que la propuesta busca “mitigar el impacto financiero de quienes ven paralizadas sus actividades económicas tradicionales y sus vidas debido al conflicto rural crónico en la macrozona sur”.