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Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 4 de noviembre de 2026 | Publicado a las: 11:06
La organización habría cometido 13 estafas relacionadas con la compraventa fraudulenta de vehículos entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Según la investigación, un interno de la cárcel de Angol dirigía las operaciones, con apoyo de otros dos sujetos desde la cárcel de Concepción y colaboradores en libertad.
Una organización criminal que presuntamente operaba desde el interior de la cárcel de Angol y que estaría vinculada a estafas por más de $120 millones fue desarticulada por la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación que permitió detener a nueve imputados en distintas ciudades del país.
El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestro (BIPE) de Temuco, en coordinación con otras unidades de la Prefectura Macrozona Sur y bajo la dirección del Ministerio Público.
De acuerdo con los antecedentes policiales, la estructura estaba encabezada por un sujeto privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Angol, quien coordinaba las operaciones mediante llamadas telefónicas. En la organización también participaban otros dos sujetos que operaban desde la cárcel de Concepción.
La investigación permitió establecer 13 hechos ocurridos entre marzo de 2025 y febrero de 2026, asociados a la adquisición fraudulenta de vehículos publicados en plataformas digitales.
Según la PDI, el principal investigado contactaba telefónicamente a personas que ofrecían sus automóviles a través de plataformas como Marketplace de Facebook, utilizando perfiles falsos y nombres ficticios.
Una vez establecido el contacto, los integrantes de la organización empleaban documentación bancaria adulterada o falsificada para concretar las supuestas compras.
Posteriormente, los vehículos eran retirados por colaboradores que se encontraban en libertad y revendidos rápidamente mediante distintas plataformas de comercialización.
La investigación estableció que familiares, amigos y otros participantes cumplían funciones específicas en las operaciones, desde la coordinación de las transacciones hasta el retiro y posterior venta de los automóviles.
Mediante interceptaciones telefónicas y otras diligencias, los detectives identificaron una estructura con distribución de roles, jerarquía y un mecanismo de actuación que se repetía en los distintos hechos investigados.
Como parte de las diligencias, el fiscal César Schibar Díaz obtuvo del Juzgado de Garantía de Angol órdenes de detención, entrada, registro e incautación.
Los procedimientos se desarrollaron simultáneamente en nueve domicilios ubicados en la Región Metropolitana y en las comunas de San Carlos, Valdivia, Temuco y Padre Las Casas.
El operativo permitió detener a nueve imputados e incautar teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para continuar con la investigación.
La PDI informó que los detenidos registraban diversos antecedentes policiales y judiciales, incluyendo causas y órdenes relacionadas con estafas, otras defraudaciones, tráfico de drogas y hurtos.
Los nueve imputados fueron puestos a disposición del respectivo Juzgado de Garantía.
La investigación se desarrolla por los delitos de asociación delictiva y estafa, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer la participación y las responsabilidades individuales de los involucrados.
El caso vuelve a poner en evidencia la utilización de plataformas de compraventa de vehículos como mecanismo para cometer fraudes, esta vez mediante una estructura que, según la investigación policial, era coordinada desde establecimientos penitenciarios.
