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Publicado por: Tiempo21 | martes 3 de noviembre de 2026 | Publicado a las: 15:07
Investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos acreditó maniobras destinadas a ocultar el origen de recursos vinculados a gastos reservados de la institución castrense.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al exjefe del Ejército por dos delitos de lavado de activos. El caso involucra pagos en efectivo, operaciones relacionadas con un inmueble y movimientos tributarios investigados por el Ministerio Público.
El excomandante en jefe del Ejército, general en retiro Óscar Izurieta Ferrer, recibió un veredicto condenatorio unánime por dos delitos de lavado de activos, luego del juicio desarrollado ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, estableció que el exuniformado habría recibido recursos provenientes del uso irregular de gastos reservados del Ejército y desplegado distintas operaciones para ocultar su origen.
Uno de los principales antecedentes examinados durante la causa fue la recepción de pagos mensuales en efectivo que, según los antecedentes investigativos difundidos por BíoBío Investiga, habrían alcanzado entre $61,2 millones y $78 millones durante el periodo comprendido entre 2010 y 2018.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los recursos eran entregados bajo el concepto de apoyo a excomandantes en jefe, mediante pagos en efectivo y sin registros contables convencionales.
La Fiscalía sostuvo que parte de esos dineros fue utilizada para financiar cuotas de un crédito hipotecario asociado a un departamento ubicado en la comuna de Las Condes.
Según los antecedentes publicados por BíoBío Investiga, se identificaron 36 pagos en efectivo de cuotas hipotecarias, por aproximadamente $14,9 millones. La propiedad posteriormente generó ingresos por arriendo, estimados en al menos $166,2 millones entre 2010 y 2025.
La investigación también examinó rectificaciones de declaraciones tributarias efectuadas en 2019. Para el Ministerio Público, esas operaciones habrían permitido dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen era ilícito.
La causa no se limitó a reconstruir el recorrido del dinero. También analizó la forma en que los recursos fueron incorporados a operaciones patrimoniales y declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos.
El fiscal Marco Muñoz Becker explicó, según declaraciones recogidas por BíoBío Investiga, que la investigación debió reconstruir antecedentes bancarios, financieros y tributarios de varios años, con apoyo de equipos especializados de la Policía de Investigaciones.
La Fiscalía también enfrentó dificultades para acceder a información institucional que el Ejército consideraba reservada, situación que derivó en gestiones ante la Corte Suprema para obtener los antecedentes requeridos.
El veredicto por lavado de activos debe distinguirse de otra investigación judicial relacionada con el uso de gastos reservados del Ejército.
En esa arista, tramitada ante la Justicia Militar, Óscar Izurieta fue procesado por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, en una investigación que abordó recursos cuyo monto fue estimado en más de $6.300 millones.
Se trata de procedimientos y delitos diferentes: el veredicto conocido ahora corresponde a la causa por lavado de activos investigada por el Ministerio Público.
Tras el veredicto condenatorio, queda pendiente la comunicación de la sentencia, instancia en la que el tribunal determinará las penas y medidas que correspondan.
Según los antecedentes entregados en la información de origen, la Fiscalía solicitó ocho años de presidio, una multa de 500 UTM, el decomiso de un inmueble y de las utilidades asociadas, además de inhabilitaciones para ejercer cargos y oficios públicos.
La sentencia fue fijada para el viernes 27 de noviembre de 2026.
El resultado del juicio constituye un nuevo capítulo judicial en las investigaciones por el uso de recursos reservados del Ejército y vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre fondos públicos destinados a funciones de seguridad y defensa.
