Una investigación de la Fiscalía destapó un complejo caso de presunta corrupción policial que involucra a seis excarabineros de la Tenencia Talca Oriente, quienes fueron formalizados y enviados a prisión preventiva por integrar una supuesta organización criminal dedicada a cometer delitos aprovechando su condición de funcionarios policiales.

De acuerdo con antecedentes revelados en un reportaje de Radio Bío Bío, la estructura habría operado entre septiembre de 2025 y abril de 2026 bajo el liderazgo del entonces jefe de la unidad policial, el teniente Víctor Sebastián Oñate Pinto. Junto a él fueron formalizados el suboficial mayor Cristián Antonio Miranda Retamal, el sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez y los cabos primero Sergio Andrés Alarcón Rodríguez, Leonardo Andrés Sáez Quiñones y Jorge Enrique Bascuñán Meneses, todos dados de baja de la institución.

Según la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en al menos diez procedimientos distintos que derivaron en cerca de 200 delitos, incluyendo robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público. La Fiscalía sostiene que utilizaban sus facultades policiales para detener personas, ingresar a domicilios y apropiarse de dinero en efectivo, además de confeccionar partes policiales con información falsa para justificar procedimientos y abrir causas penales contra las propias víctimas.

La investigación describe un modus operandi reiterado. Los funcionarios llegaban a locales comerciales o interceptaban personas bajo el argumento de fiscalizar delitos vinculados al contrabando de cigarrillos. Posteriormente inutilizaban cámaras de vigilancia, registraban los inmuebles, revisaban pertenencias personales y sustraían dinero u otras especies. Luego confeccionaban documentos policiales donde se consignaban situaciones de flagrancia que, según la Fiscalía, nunca ocurrieron, incorporando además drogas, armas u otros elementos para respaldar las acusaciones.

Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 26 de diciembre de 2025. Según la acusación, cinco de los imputados detuvieron a un joven de 19 años que conducía un vehículo con encargo por robo y posteriormente ingresaron por la fuerza a su domicilio. Allí habrían sustraído más de un millón y medio de pesos pertenecientes a distintos integrantes de la familia. La Fiscalía sostiene que al retirarse del lugar, y frente a los reclamos de la madre por los ahorros de sus hijos, el entonces teniente Oñate le señaló: “agradezca que no le llevamos el refri y que no trajimos los perros”.

El caso derivó en una causa penal contra el joven por receptación, microtráfico, porte ilegal de armas de fogueo y porte ilegal de municiones. Sin embargo, la investigación actual sostiene que la evidencia utilizada para sustentar esas imputaciones habría sido fabricada por los propios funcionarios.

Otro de los hechos investigados afectó a una pareja detenida en diciembre de 2025 en una pastelería de Talca. De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios sustrajeron dinero en efectivo desde la cartera de una de las víctimas y posteriormente obtuvieron bajo amenazas la autorización para ingresar a su domicilio. La acusación sostiene que la mujer fue presionada para entregar su dirección mientras permanecía esposada, preocupada por no tener quién retirara a su hijo desde el colegio.

Como consecuencia de ese procedimiento, tanto ella como su esposo fueron formalizados por diversos delitos, mientras que el hombre quedó en prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que tanto las drogas como el armamento supuestamente encontrados durante el operativo habrían sido plantados por los policías.

La investigación también incluye el caso de un adulto mayor de 80 años, propietario de un almacén, quien habría sido obligado a permitir una fiscalización en su negocio. Según el Ministerio Público, los funcionarios se apropiaron de más de 600 mil pesos en efectivo, incluyendo recursos correspondientes a su pensión de vejez y dinero obtenido de la recaudación de su local comercial.

La formalización fue sustentada por la Fiscalía mediante declaraciones de víctimas y testigos, registros audiovisuales, documentación institucional, partes policiales presuntamente falsificados e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, antecedentes que permitieron sostener la existencia de una organización criminal estructurada que habría utilizado recursos estatales para cometer delitos.

Considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad, el Juzgado de Garantía de Talca decretó la prisión preventiva de los seis imputados y fijó un plazo de investigación de cinco meses para continuar reuniendo antecedentes.

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Un importante golpe al narcotráfico concretaron Carabineros del OS-7 de La Araucanía junto a la Fiscalía, tras desbaratar un laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de ketamina en la ciudad de Temuco.

El operativo culminó con tres personas detenidas luego de allanamientos efectuados en dos domicilios de la capital regional, donde además se incautó ketamina líquida, cocaína, hongos alucinógenos, comprimidos de MDA y diversos elementos utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas, entre ellos colorantes y otros insumos químicos.

De acuerdo con Carabineros, el procedimiento permitió sacar de circulación un total de 139.571 dosis de droga, avaluadas en $78.615.000. La investigación también estableció que la ketamina líquida utilizada en el laboratorio podría provenir desde Perú.

El jefe de Zona de Carabineros Araucanía, general Miguel Herrera, destacó que el hallazgo es inédito en la región debido a la finalidad del recinto descubierto. “Se llega al decomiso por procesos investigativos y denuncias anónimas que llegan al Ministerio Público. La ketamina es un potente anestésico animal que no tiene ningún tipo de control o prohibición en el Perú, y es traída a Chile donde sí tiene un control de regulación y comercialización. Es primera vez que podemos localizar en Temuco un laboratorio que tenía como finalidad preparar la ketamina de su estado líquido a sólido”, señaló.

Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó que los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco por infracciones a la Ley 20.000 y otros delitos asociados a la producción de drogas. “Los detenidos son chilenos, son mayores de edad, tenían en el centro de la ciudad un laboratorio de drogas. El trabajo de Carabineros no solo ha permitido identificar a estas personas sino que además implica un golpe relevante al consumo y circulación de esta sustancia en la población”, indicó.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, valoró “el trabajo de Carabineros del OS-7 y cómo se está coordinando para dar certeros golpes al narcotráfico en la Región. Las distintas técnicas de investigación contempladas en la normativa más el criterio y especialización de los equipos de Carabineros dan con este laboratorio artesanal de alta sofisticación”.

Desde el OS-7 reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar de manera anónima este tipo de delitos, destacando que la colaboración ciudadana resulta fundamental para combatir el narcotráfico y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.

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Una autodenuncia presentó Carabineros luego de que un carro lanza gases de Control de Orden Público (COP) impactara a una joven durante los incidentes registrados tras una manifestación convocada por las federaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores en Concepción.

La movilización reunió a cientos de personas en el centro de la capital del Biobío y se desarrolló inicialmente de forma pacífica por las principales arterias de la ciudad. Sin embargo, una vez finalizado el recorrido comenzaron algunos desórdenes en el sector del paseo peatonal Barros Arana.

Fue en ese contexto cuando un vehículo policial que realizaba maniobras en reversa rozó e impactó a una mujer, hecho que quedó registrado tanto en videos difundidos en redes sociales como en las cámaras corporales utilizadas por funcionarios de Carabineros.

El coronel Marco Jiménez confirmó que la institución decidió informar voluntariamente el incidente a las autoridades competentes. “Realizamos una autodenuncia de un hecho que nosotros registramos en nuestras cámaras corporales”, explicó.

Según detalló el oficial, las imágenes muestran que una persona se acercó al vehículo mientras este retrocedía y que posteriormente cayó tras ser alcanzada por el carro policial. Tras el incidente, la joven recibió asistencia inmediata por parte del personal de Control de Orden Público.

“El personal de COP mantiene los registros de una persona que se acerca al vehículo y, efectivamente, cae al ser rozado por el vehículo. Es así que la persona es auxiliada por el mismo personal de COP y después de no entregar mayores antecedentes, se retira del lugar”, señaló Jiménez.

Desde la institución precisaron que los registros audiovisuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar si corresponde iniciar una investigación o adoptar otras medidas relacionadas con el caso.

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El Juzgado de Garantía de Temuco confirmó durante esta jornada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación desformalizada contra el alcalde de Temuco, Roberto Neira, por una denuncia de violación presentada en noviembre de 2024.

Según se informó en la audiencia, la Fiscalía resolvió cerrar la causa tras concluir que no existían pruebas ni antecedentes suficientes para continuar adelante con la investigación penal.

La determinación además fue respaldada por la abogada del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), organismo que actuaba como querellante en la causa.

Cabe recordar que a fines de 2024 la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, inició diligencias luego de una denuncia por un presunto delito de índole sexual que habría afectado a una funcionaria municipal.

Desde el inicio de la investigación, el alcalde Roberto Neira sostuvo públicamente su inocencia y aseguró que colaboraría con el proceso judicial para esclarecer los hechos denunciados.

Con la resolución adoptada por el Ministerio Público y ratificada por el tribunal, la causa quedó cerrada sin formalización de cargos en contra del jefe comunal.

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El diputado Tomás Kast condenó el nuevo atentado incendiario registrado en el sector Curaco de Collipulli, donde desconocidos armados destruyeron al menos cuatro camionetas pertenecientes a una empresa de servicios forestales.

El parlamentario por La Araucanía expresó además su preocupación por la decisión judicial adoptada tras el reciente operativo realizado en Temucuicui, donde cinco personas fueron detenidas en diligencias vinculadas a delitos como robo de vehículos, atentados incendiarios y disparos injustificados. De ellos, cuatro quedaron en libertad con medidas cautelares menores.

Frente a este escenario, Kast sostuvo que “lo ocurrido ayer nuevamente en Collipulli es gravísimo. No estamos hablando solamente de cuatro camionetas quemadas, sino que de personas, de familias que se levantan a sacar adelante a La Araucanía y que viven bajo amenaza permanente”.

El legislador también apuntó directamente al sistema judicial, asegurando que las decisiones adoptadas terminan debilitando el trabajo policial y militar desplegado en la Macrozona Sur.

“Es muy frustrante ver cómo nuestro sistema de justicia sigue fallando, porque luego del operativo en la zona, en el que se logró detener a cinco individuos vinculados a delitos gravísimos, cuatro de ellos quedaron libres sin medidas cautelares efectivas. Eso genera una señal de impunidad que termina debilitando todo el esfuerzo de Carabineros, de la PDI y las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Finalmente, el diputado hizo un llamado al Gobierno a endurecer la persecución penal frente a este tipo de delitos y advirtió sobre las consecuencias que la violencia tiene para el desarrollo regional.

“Sin seguridad, no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro para nuestra región. El Estado tiene que actuar con mucha más firmeza frente al terrorismo y el crimen organizado en La Araucanía”, concluyó.

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Un operativo de Carabineros, coordinado con el Ministerio Público, culminó con la detención de cinco personas en la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía, en el marco de investigaciones por delitos de alta connotación como robos de vehículos, ataques incendiarios y disparos injustificados.

Según los antecedentes, tres de los detenidos fueron capturados en virtud de órdenes judiciales por su presunta participación en robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios —incluido un hecho en la Ruta 5 Sur— y disparos en la vía pública. En paralelo, otros dos sujetos fueron detenidos en flagrancia por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo tras una orden de entrada y registro autorizada por el tribunal competente, con diligencias concentradas en tres domicilios, como parte de una investigación que se desarrolla desde agosto de 2025.

El general Cristian Mansilla Varas, jefe de la Zona COP e Intervención Sur, explicó que “realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público”. Además, destacó que “logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico”.

La autoridad policial también subrayó que el operativo se desarrolló sin incidentes mayores: “El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados”.

Por su parte, el fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, confirmó que “tres [detenidos fueron] por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto del 2025”, precisando que los delitos investigados corresponden a robo de vehículo motorizado, atentado incendiario y disparos injustificados.

Los cinco imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli, donde se realizará el control de detención y se definirán las eventuales formalizaciones en su contra, en una causa que sigue en desarrollo.

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Un niño de apenas siete años fue clave para salvar la vida de su madre luego de realizar un llamado a Carabineros tras presenciar cómo su padre la atacaba con un arma blanca al interior del domicilio familiar.

El hecho ocurrió durante las últimas horas en el sur del país, donde el menor, al percatarse de la agresión, tomó la iniciativa de contactar a la policía para alertar sobre lo que estaba ocurriendo en su casa.

Gracias a la llamada del niño, personal de Carabineros concurrió rápidamente al lugar, encontrando a la mujer con heridas provocadas por un arma blanca. La víctima fue auxiliada por los funcionarios y posteriormente trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el presunto agresor corresponde a la pareja de la víctima y padre del menor, quien fue detenido por Carabineros tras el procedimiento policial.

La oportuna acción del niño fue fundamental para activar el operativo de emergencia y evitar consecuencias aún más graves para la mujer.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, organismo que instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales del imputado.

Si tú o alguien cercano vive una situación de violencia de género o intrafamiliar, recuerda que denunciar es seguro, confidencial y existen mecanismos de protección para las víctimas.

Puedes pedir ayuda llamando a Carabineros al 133, PDI al 134, o al fono gratuito y confidencial 1455 del SernamEG, disponible todos los días para orientación y apoyo.

También es posible acudir directamente a Carabineros, la PDI o tribunales.
Denunciar puede salvar vidas y activar redes de protección para las víctimas.

¡No estás sola/o!

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Un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de drogas que operaba en pleno centro de Temuco, luego que personal especializado de Carabineros de Chile, a través de su unidad antidrogas OS-7 de Carabineros, detuviera a tres sujetos que comercializaban sustancias ilícitas en el sector.

El procedimiento fue desarrollado por el OS-7 Araucanía tras diligencias investigativas que permitieron establecer la presencia de los imputados en el sector céntrico de la capital regional, donde se dedicaban a la venta de distintos tipos de droga.

Durante el operativo, los funcionarios policiales lograron incautar 717 gramos de marihuana elaborada, además de 17 gramos de cocaína y 22 gramos de ketamina, sustancias que eran distribuidas en pequeñas cantidades para su comercialización en la zona.

De acuerdo con la estimación policial, la droga incautada equivale a más de 3.000 dosis, las que habrían alcanzado un valor aproximado de $7.700.000 en el mercado ilícito.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de procedimientos busca combatir el microtráfico que opera en sectores urbanos, especialmente en zonas con alto flujo de personas, como el centro de la ciudad. La intervención permitió además evitar que las sustancias fueran distribuidas entre consumidores locales.

Por instrucción de la Fiscalía, los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, donde fueron formalizados por delitos relacionados con la Ley de Drogas. Tras la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los antecedentes y el peligro que representan para la seguridad de la comunidad.

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La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía reformalizó a M.B.B. (38) por el delito de violación con femicidio, tras confirmarse que Karla Huaiquián, estudiante de 15 años de Lautaro, murió por asfixia mecánica. Su cuerpo fue encontrado el 24 de noviembre de 2024 en la ribera del río Cautín, en Temuco, tras seis días de búsqueda.

Inicialmente, el imputado había sido formalizado por violación y abuso sexual, además de otros delitos sexuales previamente archivados. Sin embargo, un peritaje complementario realizado en Inglaterra, gestionado por la parte querellante —Fundación Amparo y Justicia— y posteriormente validado por el Servicio Médico Legal, permitió establecer de manera concluyente la causa de muerte.

El fiscal de Alta Complejidad, Enrique Vásquez, confirmó que este resultado fue determinante:
“Se pudo determinar cuál fue la efectiva causa de muerte y por aquello se decide reformalizar al imputado por violación con femicidio. El antecedente clave es un peritaje de una experta en Inglaterra, validado por el Servicio Médico Legal, que concluye asfixia mecánica”, señaló.

La investigación establece que Karla fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2024, al salir de su colegio en Lautaro. Llegó en bus a Temuco y cámaras de seguridad la registraron caminando junto al imputado hacia la ribera del río Cautín. Su cuerpo fue hallado días después por Carabineros en un sitio eriazo cercano al cauce.

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La liberación fue posible gracias a una orden judicial errónea firmada por la jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, y enviada con respaldo electrónico y código QR. La Fiscalía reveló que el reo fue identificado inicialmente con otra identidad —Osmar Ferrer Ramírez— pero sus huellas confirmaron posteriormente su verdadero nombre, lo que llevó a emitir una alerta internacional para dar con su paradero, ya que se encuentra prófugo.

La gravedad del caso ha motivado una amplia investigación. El fiscal Marcos Pastén confirmó que siete funcionarios de Gendarmería están imputados por el delito de evasión culposa, debido a su presunta negligencia al ejecutar la orden de liberación sin verificar adecuadamente la situación judicial del imputado. Todos entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares y se solicitó acceso a sus cuentas bancarias.

Además, la propia jueza Irene Rodríguez fue imputada por prevaricación culposa, al haber firmado una resolución que no correspondía. También está imputada una funcionaria judicial acusada de falsificación de instrumento público, por elaborar un documento fraudulento relacionado con la liberación.

El caso ha provocado alarma en el sistema penitenciario y el Gobierno, que anunció una revisión urgente de los protocolos de excarcelación. Gendarmería, por su parte, defendió su actuar, señalando que la orden judicial contaba con validez electrónica.

Mientras tanto, el imputado Mejía Hernández sigue prófugo, y su conexión con el crimen organizado internacional refuerza la gravedad del fallo que permitió su salida.

Este caso revela fallas estructurales en el cruce de información entre el Poder Judicial y Gendarmería, y deja en evidencia la necesidad urgente de modernizar los sistemas de verificación y reforzar la responsabilidad institucional.

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