Con un ataúd, un tarro de leche, papas y lupino como símbolos de la situación que enfrenta el sector agrícola, integrantes de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos se manifestaron este viernes frente a la Seremi de Agricultura de La Araucanía, en Temuco.

La actividad coincidió con la visita del subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien recibió personalmente el petitorio elaborado por el gremio. Durante la intervención, el presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, sostuvo que la agricultura tradicional atraviesa una crisis profunda producto de distorsiones de mercado que afectan tanto a productores como a consumidores.

“Esto es el diagnóstico de nuestra agricultura”, afirmó Guzmán al presentar el ataúd simbólico, agregando que los agricultores no se sienten escuchados y que la “despensa agrícola nacional se está vaciando”.

Desde la organización señalaron que el trigo registra actualmente precios entre un 5% y un 12% inferiores a los de la temporada anterior, mientras que los costos de insumos como la urea han aumentado considerablemente. A ello sumaron la reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2026 y la competencia de productos importados provenientes de países que cuentan con subsidios y políticas de apoyo más robustas.

Durante la actividad, los dirigentes solicitaron formalmente una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para exponer antecedentes técnicos sobre las dificultades que enfrenta el sector. Según indicaron, el subsecretario se comprometió a canalizar la solicitud y hacer llegar el petitorio al Ministerio de Agricultura.

El documento presentado también plantea la necesidad de reconocer las distorsiones existentes en cadenas productivas como el trigo, la leche, la papa y las hortalizas; acelerar la tramitación de la denominada Ley del Grano; avanzar en reformas que consideren el desarrollo productivo del mundo rural y fortalecer la competitividad de la agricultura nacional.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y contó con resguardo de Carabineros, quienes implementaron cortes de tránsito preventivos en el sector.

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El presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos AG, Camilo Guzmán, respaldó la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a Chile y otros países cuestionados por no combatir de manera eficaz el trabajo forzoso, asegurando que la medida apunta a corregir ventajas artificiales que distorsionan la competencia internacional.

Según explicó, los productos elaborados bajo condiciones laborales precarias o con menores exigencias regulatorias logran costos que terminan afectando a quienes sí cumplen estándares laborales, ambientales y sanitarios más estrictos. “Un producto hecho con trabajo forzoso no compite en igualdad con uno hecho con trabajo pagado y protegido. El que no le paga a su gente produce más barato, y esa diferencia no es eficiencia: es una ventaja artificial”, afirmó.

Guzmán sostuvo que el principio detrás de la propuesta estadounidense no constituye una barrera al comercio, sino un mecanismo para restablecer condiciones equitativas entre productores. “El arancel no castiga el comercio; neutraliza esa ventaja y devuelve la competencia a un terreno parejo”, señaló.

El dirigente gremial planteó que el mismo razonamiento debería aplicarse en Chile respecto de productos importados que, a su juicio, ingresan al país beneficiados por subsidios estatales, exigencias ambientales menos estrictas o condiciones laborales que reducen artificialmente sus costos de producción.

Entre los ejemplos mencionó el azúcar proveniente de Guatemala, el azúcar de caña de Brasil y las importaciones de carne brasileña, asegurando que los agricultores nacionales enfrentan una competencia que no responde exclusivamente a diferencias de productividad. “Lo único que distingue una economía es si la cancha está pareja o inclinada. La nuestra lleva cuarenta años inclinada”, sostuvo.

Guzmán también cuestionó la escasa utilización de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios, organismo creado para investigar situaciones que puedan afectar la libre competencia y proponer medidas correctivas cuando corresponda. “La herramienta existe desde 1986 y prácticamente no la hemos usado. Mientras junta polvo, las cadenas productivas se desmantelan y los productores desaparecen”, advirtió.

El presidente de Agricultores Unidos AG afirmó que las consecuencias ya son visibles en diversos sectores agrícolas y citó como ejemplo la situación de la remolacha azucarera, actividad que enfrenta una importante reducción de superficie cultivada y de productores activos.

Finalmente, emplazó a las autoridades a abrir una discusión sobre las distorsiones que afectan a la producción nacional y rechazó que cualquier medida correctiva sea interpretada como una amenaza al libre mercado. “Defender al productor de una distorsión no atenta contra el libre mercado; es precisamente lo que hace posible que exista una competencia real”, concluyó.

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El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), entregó bonificaciones por un total de $2.920 millones destinadas a financiar 72 proyectos de riego en La Araucanía, iniciativa que busca fortalecer la productividad agrícola y mejorar la gestión del recurso hídrico en el territorio.

Los recursos corresponden a la Ley de Fomento al Riego y permitirán concretar obras de tecnificación predial, revestimiento y entubamiento de canales comunitarios, beneficiando tanto a pequeños agricultores como a comunidades indígenas de la región.

La inversión contempla más de $970 millones para rescatar 55 proyectos técnicamente aprobados que no habían sido seleccionados anteriormente, además de $1.950 millones destinados a 17 iniciativas adjudicadas a través del Segundo Concurso para Pueblos Indígenas.

La seremi de Agricultura de La Araucanía, María Teresa Fernández, destacó que el acceso al agua es una condición fundamental para el desarrollo agrícola regional. “Sin riego no hay agricultura. Estamos impulsando más superficie de riego, mejor infraestructura y también una mayor cultura de riego, porque es la única forma de seguir produciendo y desarrollando nuestra región”, señaló.

Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que las obras forman parte de la estrategia de Seguridad Productiva impulsada por el Gobierno, orientada a entregar mayor estabilidad a los agricultores frente a la sequía y los efectos del cambio climático.

Uno de los beneficiarios, el presidente de la Comunidad Indígena Manuel Quilapi, Emilio Sepúlveda Marileo, valoró la iniciativa y aseguró que la llegada del agua permitirá transformar terrenos que durante años estuvieron limitados por la falta de infraestructura. “Ahora podremos sembrar, producir y generar trabajo para nuestros vecinos”, afirmó.

Las autoridades destacaron que estas inversiones buscan fortalecer el desarrollo productivo rural, impulsar el empleo local y contribuir a una gestión más eficiente y sustentable del recurso hídrico en la región.

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Por: Italo Soto Villarroel.

Con una mirada marcada por su experiencia agrícola y su vínculo directo con el mundo rural, el concejal Pedro Greve analizó, con el carisma que le caracteriza, las principales necesidades que enfrentan los sectores rurales de Temuco, cuestionando la falta de inversión histórica en caminos, locomoción, agua potable y conectividad.

En conversación exclusiva con Tiempo 21, aseguró que muchas veces la realidad del campo “no se dimensiona” desde la ciudad y defendió la necesidad de priorizar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

Durante la entrevista, Greve también abordó los primeros meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, defendiendo los ajustes impulsados por el Ejecutivo y llamando a dar tiempo para que el equipo de gobierno “se afiate”.

Además, planteó una profunda reorganización de la Feria Pinto, apostando por convertirla en un espacio más moderno, seguro y turístico, junto con descentralizar la venta de productos agrícolas hacia distintos sectores de la comuna.

Para que los lectores vayan conociéndolo… ¿quién es Pedro Greve?

— Pedro Greve es una persona común y corriente. Padre de familia, una persona trabajadora, agricultor toda su vida, profesional, con estudios universitarios, con título de agrónomo. Así que He desarrollado mi vida como cualquier cristiano más.

Tengo dos hijos. Se me portan bien los cabros, son muy buenos los chicocos, yo no sé a quién salieron, pero son buenos (ríe).

A dos meses del nuevo gobierno, ¿cuál es su evaluación del este? ¿Ha arrancado bien José Antonio Kast?

— La verdad es que yo veía desde antes que asumiera Kast, que el escenario venía complejo. Había problemas económicos importantes, además de una crisis de seguridad y droga que no se resuelve de un día para otro porque ya se instaló dentro de la sociedad.

Nunca es fácil “apretarse el cinturón”, pero a veces pasa igual que en una casa: cuando faltan recursos, hay que ajustarse para después recuperar solvencia y poder hacer bien las cosas. Por eso creo que varios de los ajustes que ha hecho el Gobierno apuntan justamente a ordenar un sistema que venía funcionando mal.

Si, hay programas que se recortaron porque, según los estudios, no estaban llegando realmente a las personas. Muchas veces 80% de los montos iban para remuneraciones y 10% de los dineros iban a ayuda efectiva para la gente, ¿eso es justo? ¿Es correcto?

Concejal, el Gobierno ha cometido errores, contradicciones entre ministros, poca preparación, información mal entregada, ministros peleándose, etc. ¿Cuál es la crítica de lo que ha sucedido en sólo 2 meses?

— Lo que pasa es que uno viene entrando, cuando tú vienes entrando a una pega, cualquiera sea el profesional, tú no te la sabes todas, tienes que ir acomodándote y aprendiendo. Estos son meses de aprendizaje, porque no es una sola persona la que trabaja, sino que es un grupo de gente.

Este este grupo de gente se tiene que afiatar y para eso, uno debe dar tiempo para que todos vayan en la misma línea.

El presidente también tiene que aprender cómo se maneja el cuento.

¿Y por qué ese cambio de opinión? La crítica de su sector durante los primeros días del gobierno de Boric, era muy diferente y hasta descarnada, uno pensaría que tienen la fórmula lista y preparada para gobernar en tranquilidad, pero cometen los mismos errores e incluso peores. ¿Por qué esta voltereta de opinión del Partido Republicano?

— Sí, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno de Gabriel Boric recibió un escenario mucho más favorable, con un Estado funcionando y con recursos disponibles. Hoy el contexto es distinto, con problemas económicos y de seguridad mucho más complejos, por lo que ordenar la situación cuesta más.

A Boric también se le dio tiempo en sus primeros meses para que su equipo se afiatara, y las críticas más fuertes llegaron después. Creo que ahora corresponde tener el mismo criterio.

Hay una incertidumbre que ha generado el gobierno con respecto al financiamiento de municipalidades, principalmente por la eliminación de las contribuciones, en Temuco, dichos fondos representan el 34% del tesoro municipal, sin embargo, al eliminarse, y pensando en el sector que representa, ¿cómo afecta a los problemas que tiene el sector rural? ¿Qué tranquilidad podemos darle a quienes viven allí?

—Esto nos va a afectar a todos de una u otra forma. Hay adultos mayores que trabajaron toda su vida y hoy no pueden pagar contribuciones, por lo que en esos casos me parece positivo generar alivios.

Pero también habrá una baja en los ingresos municipales y todavía no está claro cuánto será esa merma. Quizás el beneficio debería focalizarse según la capacidad de pago y no aplicarse de manera tan general, porque en sectores rurales los recursos son fundamentales para caminos, agua potable, electricidad y otras necesidades básicas.

Usted tiene formación relacionada al campo, y desde ese conocimiento más su experiencia agrícola y su paso por proyectos hidráulicos, ¿por qué el mundo rural de Temuco sigue presentando brechas estructurales en acceso a agua, conectividad y servicios básicos que no han sido resueltas en décadas? ¿Qué falla?

— Mira, casi todos, por ejemplo, los APR vienen eh directamente de la dirección de obras hidráulicas. Y viene con los dineros del Core. Estoy de acuerdo que todos necesitamos agua, y estoy de acuerdo en que todos necesitamos caminos, pero si tú lo vas viendo, en realidad en la cantidad de dinero que la municipalidad entrega a la parte rural, es cosa que uno se vaya a dar una vuelta nomás, y vas a ver que la parte rural sigue casi igual a como estaba.

¿Qué es lo que necesitan las personas del sector rural de Temuco?

— Caminos, buena locomoción, agua y luz.

Hay sectores donde después de ciertos kilómetros ya no existe transporte y muchos niños deben caminar largos trayectos para llegar a la escuela, incluso bajo la lluvia y en malas condiciones. Muchas veces llegan con la ropa mojada o pasan horas trasladándose solo para estudiar.

La realidad rural es muy distinta a la urbana y no siempre se dimensiona el esfuerzo diario que hacen las familias del campo para acceder a servicios básicos y educación.

¿Cuál es la mayor deuda que tiene la Municipalidad de Temuco con sus sectores rurales?

— Las que te dije recién. A eso se suma la infraestructura de las escuelas rurales, porque muchas veces no cuentan con las mismas condiciones que los establecimientos urbanos: falta calefacción adecuada, espacios techados o infraestructura acorde para los niños. Además, en muchos casos la alimentación escolar es la comida más importante que reciben durante el día y no se entrega en espacios adecuados.

Hoy, desde el Concejo Municipal, usted tiene incidencia directa como representante de la ruralidad. ¿Qué medidas concretas y medibles ha impulsado para evitar que ese diagnóstico se quede en el discurso político? ¿Cuáles son sus iniciativas para transformar realmente a las comunidades rurales?

— Desde el concejo municipal, he impulsado mejoras en caminos de sectores como Trañi Trañi, Labranza y Mollulco, porque con buenos caminos también llega la locomoción. En el campo el transporte es escaso y muchas familias, adultos mayores y pequeños agricultores dependen completamente de esos recorridos para movilizarse, vender sus productos o simplemente regresar a sus hogares.

Por eso creo que la conectividad rural es una necesidad básica y una prioridad urgente.

¿Ha tenido acercamientos con empresas de buses para crear una ruta o alguna línea de microbuses?

— Las empresas de transporte de pasajeros, dependen de la oferta y la demanda. Y aunque esas personas necesitan transporte, no es codiciable para ellas, porque es un número reducido.
Si pensamos en tener una ruta, también debemos tener buenos caminos, sino las máquinas se van a atrofiar antes de lo que esté presupuestado.

Concejal, ¿y un transporte financiado por el municipio? Con rutas y horarios establecidos.

— Mira, puede ser factible, pero volvemos a lo mismo: el estado de los caminos.

Tu puedes establecer recorridos, traer buses, etc. El problema de acá que tienes unos hoyos que son verdaderos cráteres, tienes problema con el desagüe de aguas lluvias, entonces, hago yo la pregunta: ¿resultará económico en cuanto a gasto tener un bus con recorrido y los caminos de esa forma? Creo que va a ser más problemas que beneficios.

Usted habla mucho del estado de los caminos, sin embargo, ahora usted es gobierno, es oficialista, ¿cuál sería el llamado a su gobierno?

— Por lejos que tratemos de tener los caminos lo mejor posible. No necesariamente asfaltado, o sea, ojalá estuviera todo asfaltado, pero no olvidemos que la comuna de Temuco, es una de las comunas que tiene más caminos. Pero se pueden asfaltar a lo menos el esqueleto principal.

La Feria Pinto es el punto neurálgico de comercialización de productos del campo de La Araucanía por excelencia, sin embargo, hoy en día este punto de la ciudad se ha vuelto un verdadero problema por temas de seguridad, consumo de estupefacientes y reventa de productos ortofrutícola. ¿Cómo solucionamos de una vez por todas las problemáticas y hacemos que sea una oportunidad de potenciar el comercio en la región? ¿Cómo hacer del comercio ortofrutícola una oportunidad y no un problema?

— La Feria Pinto, para mí, ya está colapsada. Hoy faltan estacionamientos, seguridad y una mejor organización tanto para quienes venden como para quienes compran. Creo que debería transformarse en un espacio más ordenado, turístico y cómodo, con mejores baños, locales de comida y espacios pensados para que las familias puedan recorrerla con tranquilidad. Además, es importante diferenciar al productor rural del revendedor, porque el agricultor muchas veces viene solo a vender lo que cosecha y luego vuelve a trabajar a su campo.

También pienso que Temuco debe descentralizar este sistema y crear ferias en distintos macrosectores de la comuna. Eso permitiría acercar los puntos de venta a los productores rurales, descongestionar la Feria Pinto y facilitar el acceso a quienes no cuentan con vehículo propio. Muchos agricultores dependen de la locomoción colectiva para trasladar sus productos y, si no logran vender rápido, terminan perdiendo mercadería fresca que se descompone en pocos días.

El agricultor cumple un rol fundamental porque produce los alimentos que llegan todos los días a las mesas de las familias. Además, en Temuco existe una ventaja importante: gran parte de la producción agrícola local utiliza poca intervención química y agua de pozo, acercándose incluso a prácticas agroecológicas. Por eso creo que hay que fortalecer el mundo rural, apoyar al pequeño productor y proyectar una infraestructura acorde al crecimiento que está teniendo la ciudad.

A futuro, lo ideal sería pensar en una nueva gran feria con espacios adecuados para el crecimiento que ha tenido Temuco, incorporando zonas para mayoristas, minoristas, frigoríficos y servicios.

El productor rural ha sido históricamente poco valorado, pero finalmente es quien abastece diariamente a las familias y merece mejores condiciones para trabajar y comercializar sus productos.

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El Consorcio Agrícola del Sur (CAS FG), entidad que agrupa a los principales gremios agrícolas entre las regiones de Ñuble y Los Lagos, oficializó la elección de José Miguel Stegmeier Schmidlin como su nuevo presidente.

La renovación de la directiva ocurre en un contexto complejo para el mundo agrícola del sur de Chile, marcado por dificultades económicas y productivas que afectan especialmente a sectores como la remolacha, los cereales, la lechería y la ganadería.

El gremio advirtió que actualmente existe una profunda falta de certezas para los productores, derivada del aumento sostenido de costos, el encarecimiento de fertilizantes e insumos estratégicos, problemas logísticos internacionales y la inestabilidad que atraviesan distintos cultivos anuales.

Entre las principales preocupaciones aparece la crisis del rubro remolachero, agudizada tras la suspensión de compra de remolacha nacional por parte de Iansa, situación que ha generado preocupación en productores del sur del país y fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y agrícolas.

Bajo el liderazgo de Stegmeier, el Consorcio buscará fortalecer la defensa de los intereses productivos del sur de Chile y promover gestiones público-privadas orientadas a entregar mayor estabilidad al sector.

Además, la organización anunció que impulsará un trabajo enfocado en influir en políticas públicas relacionadas con seguridad alimentaria, desarrollo rural, empleo agrícola y continuidad productiva en las regiones del sur.

El CAS FG reúne actualmente a gremios como SOFO, SAGO, SAVAL y la Asociación de Agricultores de Malleco, entre otras organizaciones vinculadas al agro nacional.

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Un duro emplazamiento realizó el gremio Agricultores Unidos A.G. al Gobierno tras una reunión en el Ministerio de Agricultura, donde —según relatan— no encontraron respuestas concretas frente a la crisis alimentaria global que ya comienza a impactar la producción.

El encuentro, gestionado por el senador Ricardo Celis y en el que participaron la senadora Alejandra Sepúlveda y la diputada Priscila Castillo, dejó a los dirigentes con una conclusión categórica: el país no cuenta con un plan para enfrentar el escenario que se avecina.

Durante la reunión, los agricultores expusieron antecedentes internacionales que reflejan el deterioro del sector: aumento de quiebras en Estados Unidos, récord de insolvencias en Brasil y reducción de la superficie triguera en Australia, todo en medio del alza de fertilizantes tras el conflicto en Medio Oriente y el impacto climático de El Niño.

En ese contexto, el vicepresidente del gremio, Juan Baeza, apuntó directamente al modelo productivo del país, asegurando que “Chile hoy no depende de poder comprar la comida. Depende de que los otros países quieran vendérnosla”, advirtiendo además que “el problema no es que no vaya a haber comida. Va a haber menos, pero va a haber. El problema son los precios”.

“Porque cuando escasea algo, sube. Así funciona el libre mercado, implacable. El pan, la leche, la carne, todo va a subir”, agregó, enfatizando el impacto que esto tendrá en los hogares.

Según los dirigentes, el propio ministro de Agricultura, Jaime Campos, reconoció que el país “optó por el modelo agroexportador”, lo que —a juicio del gremio— dejó de lado la producción de alimentos básicos para el consumo interno.

La tensión aumentó cuando los agricultores ofrecieron gestionar alternativas para asegurar el abastecimiento de fertilizantes, recibiendo como respuesta —según relatan— la pregunta: “¿Y quién la va a comprar?”. Frente a ello, Baeza reaccionó indicando que “los agricultores ayudando al país, el Ministro preguntando quién compra. Una vergüenza”.

En esa línea, el presidente del gremio, Camilo Guzmán, fue aún más crítico y señaló que “los ministros y subsecretarios están con camisa de fuerza, no los dejan actuar”.

Además, sostuvo que “el modelo exportador es un modelo que nos impusieron (…) y descuidaron por completo a la agricultura tradicional”, agregando que “la respuesta es lamentable: no tienen ningún plan”.

Guzmán cuestionó directamente la capacidad técnica del Gobierno, afirmando que “las personas que están en los cargos no saben donde están parados” y criticando que “el ministro está pegado en los 80’s, el subsecretario no sabe lo que es el oligopsonio”.

Desde el gremio advirtieron que la crisis no solo es productiva, sino también geopolítica, ya que los países exportadores priorizan su consumo interno antes de vender excedentes, los que podrían disminuir drásticamente en los próximos años.

Finalmente, los dirigentes anunciaron que continuarán llevando el tema al Congreso, insistiendo en que la advertencia no es solo sectorial. “Hoy no hablamos por nosotros. Hablamos por los chilenos que todavía no saben. Si nos callamos, sería una traición al país”, concluyó Baeza.

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Autoridades instaron a agricultores a extremar medidas de bioseguridad y denunciar a tiempo posibles contagios ante el SAG.

Ante los recientes brotes de influenza aviar en La Araucanía, la seremi de Agricultura María Teresa Fernández realizó un llamado urgente a reforzar las medidas de bioseguridad en gallineros. La autoridad enfatizó que es clave evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres, principales portadoras del virus, especialmente en esta época del año.

Además, insistió en la importancia de denunciar de forma inmediata al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cualquier sospecha de contagio.

Entre los síntomas de alerta se encuentran “falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos (con cáscaras blandas o deformes), hinchazón de cabeza, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, postración o muerte”.

La seremi recordó que actualmente está vigente el Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves, instrumento que protege tanto a productores de traspatio como a planteles industriales. “Existen requisitos mínimos para que los avicultores de La Araucanía puedan acceder a este seguro. Es por eso, que es fundamental informarse oportunamente y en particular hacemos un llamado a todo aquel tenedor de aves a actualizar a la brevedad la declaración de existencia animal del SAG, ya que es uno de los requisitos que debe cumplir como protocolo en caso de verse afectado por alguna de estas enfermedades contempladas en la póliza”, explicó.

Respecto a las condiciones, los productores de traspatio deben contar con Rol Único Pecuario (RUP) y mantener a sus aves en confinamiento adecuado. En tanto, los planteles industriales deben tener RUP, Declaración de Existencia Animal (DEA) vigente y control sanitario.

Desde Agroseguros detallaron que el seguro no tiene costo para los productores, ya que fue contratado de forma colectiva. Este beneficio cubre enfermedades como influenza aviar, Newcastle, micoplasmosis aviar, hepatitis viral del pato, tifosis y pulorosis. “El seguro operará siempre que exista una resolución oficial de sacrificio de las aves emitida por el SAG, cuando se confirme la presencia de la enfermedad”, explicó Silva.

Sobre el proceso, la seremi indicó que “ante una sospecha de contagio, los avicultores deben informar de inmediato al Servicio Agrícola Ganadero, SAG, lo que permitirá verificar su situación sanitaria y de confirmarse el caso, se emitirá la resolución y el acta de sacrificio con el detalle de las aves afectadas”.

Las autoridades recalcaron que la detección temprana es clave para evitar la propagación del virus, cuyo riesgo aumenta por la migración de aves.

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Una señal de alivio recibió el gremio de proveedores de camiones aljibe en la provincia de Cautín, luego de que el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, confirmara la regularización de los pagos pendientes correspondientes a tres meses de servicio.

La situación había generado preocupación en el sector, debido al retraso en las transferencias, lo que ponía en riesgo la continuidad del suministro de agua potable en diversas zonas rurales de La Araucanía.

Tras una reunión con representantes del gremio, la autoridad explicó que el problema fue abordado mediante gestiones internas que permitieron destrabar los recursos comprometidos. “Hemos tenido un encuentro con los representantes del gremio de camiones aljibe de nuestra región. Existía una falta de pago importante, y hoy estamos en condiciones de cumplir con los compromisos correspondientes a este primer trimestre del año”, señaló.

En esa línea, el delegado destacó que este avance permitirá ordenar el trabajo hacia adelante, especialmente en un contexto de alta demanda por abastecimiento hídrico en sectores rurales. “Esto nos permite comenzar un trabajo efectivo y concreto que nos dé resultados respecto de cómo vamos a abordar los próximos meses, especialmente en la provisión de agua para las personas que la necesitan en nuestra Región”, agregó.

Desde el gremio valoraron la instancia de diálogo y la pronta respuesta de la autoridad. Claudia Fernández sostuvo que “hoy día nos reunimos con el delegado y fue bastante agradable ya que él nos contó que los pagos del primer trimestre ya están acá en la comuna, por lo tanto la próxima semana antes de terminar el mes de abril nos estarían cancelando el primer trimestre, que para nosotros es algo bastante agradable ya que todos saben que los últimos meses, el último año en realidad fue largo y fue una pelea bien complicada”.

Por su parte, Nibaldo Díaz destacó la noticia y el reconocimiento al trabajo del sector: “La verdad que fue una noticia muy grata, del cual sí estamos muy agradecidos como gremio, como socios, como proveedores, realmente no lo esperábamos y podemos ver que la autoridad valora el servicio que prestamos”.

Con esta regularización, el Gobierno busca asegurar la continuidad de un servicio clave para miles de familias que dependen del abastecimiento mediante camiones aljibe, en un contexto de escasez hídrica que sigue afectando a la región.

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Por Italo Soto Villarroel.

En medio del reciente incremento en el precio de los combustibles y de un escenario económico que presiona con fuerza al sector agrícola, el debate sobre el futuro de la producción de alimentos vuelve a instalarse con fuerza en el sur del país. Desde el campo, agricultores advierten que el encarecimiento de insumos y transporte está profundizando una crisis que, aseguran, se arrastra desde hace años.

En conversación con Tiempo 21, Camilo Guzmán, presidente del gremio Agricultores Unidos, abordó el impacto que el alza del diésel está generando en la producción de cereales y otros cultivos, especialmente en La Araucanía, históricamente considerada el “granero de Chile”.

A su juicio, el problema no se limita a los costos de producción, sino que responde a una estructura de mercado donde la agroindustria concentra el poder de compra y define los precios a lo largo de la cadena alimentaria.

Guzmán también advierte sobre el progresivo abandono de la actividad por parte de pequeños y medianos productores, el aumento de la dependencia de importaciones de alimentos y la falta —según sostiene— de respuestas políticas de fondo para enfrentar una crisis que podría tener efectos directos en el empleo rural y en el precio de los alimentos para las familias chilenas.

El reciente aumento en el precio de los combustibles vuelve a presionar los costos del agro. ¿Cómo está impactando concretamente esta situación en los productores de trigo y otros cultivos en La Araucanía?

— El alza del combustible golpea duro, pero expone algo que ya estaba roto. La agroindustria tiene el poder para fijar lo que le paga al agricultor, lo que le cobra al transportista, y lo que finalmente llega al consumidor. Y ese poder lo usa de manera sistemática: comprime hacia abajo a los que producen y transportan, y traslada hacia arriba, rápido y completo, cualquier alza de costos.

El productor absorbe. El transportista absorbe. El trabajador agrícola absorbe. El único que no absorbe nada es el intermediario que controla el mercado.

Usted ha señalado que muchos agricultores están trabajando con márgenes cada vez más estrechos. ¿Existe hoy un riesgo real de que pequeños o medianos productores abandonen la actividad agrícola si los costos siguen subiendo?

— Ya está ocurriendo. No siempre es un cierre formal: es el productor que no siembra la próxima temporada, que no renueva maquinaria, que arrienda y se va.

Eso destruye empleo rural de forma silenciosa y sostenida. Y cuando el campo se vacía, los precios en la feria del barrio suben.

La inflación alimentaria que sufren las familias chilenas tiene nombre: es el resultado directo de un mercado que la agroindustria distorsionó a su favor durante décadas. Pusieron a Chile de rodillas, y la cuenta la paga el ciudadano común.

Desde Agricultores Unidos han cuestionado el funcionamiento del mercado del trigo. ¿Dónde cree que está hoy el principal problema: en los costos de producción, en el poder de compra de la industria o en las políticas públicas hacia el sector?

— El poder de mercado de la agroindustria. Sin rodeos.

Ellos tienen la capacidad de imponer precios hacia abajo, castigando al agricultor, al transportista y al trabajador, y de traspasar cualquier alza hacia arriba, al consumidor, de manera inmediata y completa.

La asimetría es total: las pérdidas las distribuyen hacia la base de la cadena, y las ganancias las concentran en el centro. Eso no es libre mercado. Es extracción de renta con poder de mercado. Mientras no se corrija esa distorsión, todo lo demás es parche.

Considerando el escenario económico actual, y en relación a sus demandas, ¿han tenido acercamientos con el nuevo Gobierno? ¿Qué soluciones les han planteado? ¿Es suficiente?

— El Ministro de Hacienda aún no nos ha recibido. Eso lo decimos con todas sus letras, porque refleja la urgencia con que el Gobierno está tratando este tema.

Ha habido conversaciones con equipos técnicos del Ministerio de Agricultura, que valoramos, pero no alcanzan. Necesitamos que quienes toman las decisiones se sienten a mirar los números. Seguimos disponibles. El problema no espera.

¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno para evitar que la agricultura del sur entre en una crisis más profunda?

— Lo primero y más urgente es terminar con la formación arbitraria de precios que opera en toda la cadena agroalimentaria. Cuando el precio no se forma de manera transparente, la extracción de renta es inevitable, y esa extracción empobrece a todos: al agricultor, al trabajador, al consumidor. Eso incluye el mal uso de los subsidios: el chileno de a pie paga IVA, ese IVA financia subsidios al sector, y esos subsidios terminan capturados por la agroindustria en múltiples rubros, granos, frutas, carnes, lácteos, semillas, insumos, porque mientras el precio se forme de manera arbitraria, cualquier ayuda que el Estado entregue queda atrapada en la cadena antes de llegar a quien la necesita. El Estado subsidia, el ciudadano financia, y la agroindustria cobra. Eso hay que terminarlo.

Lo que le pedimos al Gobierno es concreto: combatir y eliminar todas las distorsiones de mercado, y aplicar el rigor de la ley a quienes abusan y dañan el sistema. Sin excepción y sin

contemplación. Porque cuando el mercado funciona limpio, no hay que pedirle nada más a nadie: las iniciativas que son económicamente viables prosperan solas, generan empleo, generan riqueza, generan bienestar para todos. El problema no es falta de potencial.

El problema es que con este esquema lleno de distorsiones y de abuso, ningún futuro es posible.

Y hay algo que grafica mejor que cualquier estadística el nivel de captura que tiene la agroindustria sobre este sistema: en décadas de abuso documentado, en múltiples rubros, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, existe una sola demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Una sola empresa tuvo la valentía de denunciar. El resto, silencio.

Eso no es casualidad, es la medida exacta del poder que tienen estos grupos y del costo que tiene enfrentarlos. Es una causa que está activa hoy, en el rubro lácteo, y que cualquier periodista con acceso al tribunal puede consultar. Le invito a buscarla. Vale la pena leerla.

La Araucanía históricamente ha sido considerada el “granero de Chile”. Con los actuales costos de producción y el alza de combustibles, ¿cree que el país está en riesgo de depender cada vez más de la importación de alimentos?

— No es un riesgo futuro: es una realidad que ya está aquí, y que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Chile importa cerca del 50% de los cereales y legumbres que consume. En trigo, la mitad de la demanda nacional se satisface con importaciones. El maíz y la soya son prácticamente importados en su totalidad, al igual que el arroz, los aceites y gran parte de la carne bovina. Las grandes empresas productoras de pollo y cerdo que muchos creen que son industria nacional son, en los hechos, simples ensambladores: compran el maíz y la soya afuera, los transforman aquí, y los venden como si fueran producción propia. No producen alimentos: procesan insumos importados.

Camilo, ¿cómo fue que llegamos a importar nuestra comida?

— No fue un accidente. Fue el resultado de décadas de un modelo que priorizó la agricultura de exportación, desmanteló la producción de alimentos básicos y dejó que la agroindustria capturara las rentas de toda la cadena. El campo chileno que pudo haber alimentado al país fue sistemáticamente desplazado porque no era negocio para los que controlaban el mercado.

Y la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿qué pasa si mañana Argentina decide no exportarnos el trigo porque lo necesita para sí misma? Ningún país exporta lo que necesita para comer: los países exportan sus excedentes. Chile apostó a depender de esos excedentes, y hoy estamos de rodillas esperando que a otros les sobre. Eso no es política alimentaria. Es una ruleta rusa con la comida de todos los chilenos.

En el contexto del alza de combustibles, es innegable que el gremio agrícola debe trabajar de la mano con el de camioneros. Teniendo en cuenta que los transportistas paralizaron actividades en circunstancias críticas, como la pandemia, por ejemplo, ¿cuál es tu parecer con respecto a la pasividad de los camioneros frente a esta alza histórica?

— No me corresponde opinar sobre las decisiones internas de otros gremios. Lo que sí podemos observar es que la misma presión que ha debilitado al sector agrícola opera también

en el transporte: cuando los márgenes se comprimen durante años, los gremios pierden masa crítica, capacidad de movilización y poder de negociación.

Quizás lo que estamos viendo no es pasividad, sino el síntoma de un desgaste más profundo, el mismo que nosotros conocemos bien desde el campo. Si es así, la causa es la misma y la solución también debería serlo.

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 “Pusieron a Chile de rodillas, y la cuenta la paga el ciudadano común” appeared first on Tiempo21 - El Diario Que Genera Opinión...En Avisos Legales La Mejor Alternativa.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) anunció la designación del investigador Fernando Ortega Klose como nuevo director del INIA Carillanca, centro regional ubicado en Temuco, en el marco de la renovación de autoridades en los 11 centros regionales de la institución.

Ortega Klose es ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en mejoramiento genético de forrajeras obtenido en la Universidad de Gales – IBERS. Su vínculo con el centro de investigación se remonta a 1987, acumulando más de 30 años de experiencia en investigación aplicada y transferencia tecnológica en la región.

Su trabajo científico se ha centrado en el mejoramiento genético de forrajeras, recursos genéticos y su integración en sistemas ganaderos sustentables. En ese ámbito, ha logrado registrar tres cultivares comerciales de trébol rosado y dos de bromo, además de participar como autor o coautor de cerca de 40 artículos científicos, capítulos de libros y más de un centenar de presentaciones en congresos especializados.

Durante su trayectoria también ha asumido diversos cargos de liderazgo dentro de la institución. Entre ellos destacan su rol como subdirector de Investigación y Desarrollo en INIA Carillanca, director regional del centro entre los años 2000 y 2010, coordinador nacional de programas de I+D en cultivos y recursos genéticos y jefe nacional del área de Ciencias Vegetales del instituto.

A nivel internacional, el investigador ha tenido participación en organismos científicos vinculados al sector agropecuario. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Producción Animal entre 2010 y 2012 y actualmente representa a Sudamérica en el comité permanente del International Grassland Congress, instancia que presidirá entre 2023 y 2027.

Tras asumir el cargo, Ortega Klose señaló que su gestión buscará fortalecer las líneas estratégicas del centro de investigación, abordando desafíos vinculados a la producción de alimentos, la sostenibilidad ambiental y la transformación de los sistemas productivos.

“Buscaremos consolidar las líneas estratégicas del centro y enfrentar los desafíos contemporáneos vinculados a la producción de alimentos, la transformación de los sistemas productivos y la sostenibilidad ambiental, además de seguir potenciando el trabajo con la pequeña agricultura”, indicó.

La designación se enmarca en la nueva etapa institucional encabezada por el director nacional de INIA, Carlos Furche, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, que busca reforzar la seguridad productiva, el desarrollo rural y el fortalecimiento de la agroindustria sostenible en el país.

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