Publicado por: Claudio Nuñez | martes 16 de junio de 2026 | Publicado a las: 00:21
En prisión preventiva quedó uno de los siete detenidos en una nueva arista de la denominada Operación Imperio en La Araucanía, investigación que indaga presuntos delitos económicos por montos que superarían los $1.800 millones.
De acuerdo a Radio Bío Bío y con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado sería un contador sindicado como presunto líder de una organización dedicada a la comisión de ilícitos vinculados a facturas falsas, fraude bancario, estafa y lavado de activos.
La investigación fue desarrollada por la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Supraterritorial y el Ministerio Público, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas regiones del país.
Durante la formalización, la jueza Leticia Rivera acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para uno de los imputados. En tanto, para los otros seis detenidos se fijaron medidas cautelares alternativas, entre ellas arresto domiciliario y prohibición de salir del país.
Según lo señalado por Fiscalía, el perjuicio fiscal asociado al uso de facturas falsas superaría los $400 millones, mientras que la presunta estafa a una entidad bancaria alcanzaría los $1.500 millones.
El Ministerio Público sostuvo además que el imputado que quedó en prisión preventiva habría creado empresas de papel y presentado documentación falsa ante el Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de obtener millonarias devoluciones de IVA sin respaldo de actividades comerciales reales.
A lo anterior se sumaría la solicitud de créditos bancarios que, según la investigación, no habrían sido pagados. El imputado también aparece mencionado como supuesto mentor o asesor de otros investigados vinculados a la causa principal de Operación Imperio.
Desde la defensa se indicó que uno de los imputados mantiene sus antecedentes en regla y que aquello será demostrado conforme avance la investigación.
Cabe recordar que se trata de un proceso judicial en curso, por lo que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.
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