La Tesorería General de la República informó que los desembolsos acumulados por pensiones de gracia entregadas a personas relacionadas con el estallido social de 2019 alcanzaron más de $7.009.644.357, generando debate político y cuestionamientos sobre transparencia y criterios de asignación.

A menos de un mes de la asunción de la nueva administración, la Tesorería General de la República (TGR) dio cuenta de cifras actualizadas sobre las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social de octubre de 2019, las que actualmente alcanzan un monto total de $7.009.644.357 pagados a lo largo del tiempo, según datos oficiales.

Estas pensiones, cuyo objetivo es compensar “daños injustos” sufridos por personas durante el movimiento social que marcó a Chile en 2019, han complementado los sistemas de seguridad social regulares. En total, 418 beneficiarios han recibido este tipo de pensión:

• 270 asignadas durante el gobierno de Gabriel Boric
• 148 entregadas en la administración de Sebastián Piñera

Los montos pagados corresponden tanto a pensiones vitalicias como temporales, y en varios casos se trata de beneficios que superan el promedio de ingreso de trabajadores dependientes, porque buscan cubrir situaciones de discapacidad, secuelas de lesiones o pérdidas irreversibles relacionadas a hechos delictivos ocurridos durante las protestas.

Debate político y cuestionamientos

El monto desembolsado ha generado controversia en el ámbito político y técnico. Voces desde distintos sectores han planteado que, si bien la intención de reconocer daños personales es válida, la falta de criterios claros y consistentes para la asignación de pensiones puede generar inequidades, y en algunos casos incluso beneficiar a personas cuyas circunstancias no tendrían relación directa con el 18-O.

Diputadas electas de oposición han calificado la cifra como “desmesurada” y han solicitado una revisión exhaustiva de los criterios aplicados, incluso proponiendo la revocación de pensiones que, a su juicio, fueron otorgadas bajo criterios poco transparentes o irregulares. Este llamado se suma a auditorías internas que han detectado la posibilidad de fallas metodológicas en la evaluación de antecedentes.

Por otra parte, defensores del beneficio señalan que las pensiones de gracia buscan reparar daños que no se resuelven fácilmente con otras herramientas del sistema de protección social, y que su existencia se justifica cuando las víctimas han sufrido secuelas duraderas, pérdida de ingresos o impactos irreparables en su calidad de vida.

Hacia el próximo gobierno

Con el cambio de mando programado para marzo, la discusión se instala también en el debate sobre el rol del Estado frente a este tipo de beneficios extraordinarios. Algunos expertos plantean que, más allá de revisar casos puntuales, puede ser necesaria una reforma normativa más amplia que establezca criterios objetivos, mecanismos de evaluación claros y mayor fiscalización de este tipo de pensiones, con el fin de evitar interpretaciones subjetivas o discrecionales que generen desigualdad entre quienes acceden y quienes no.

El nuevo gobierno, además, deberá evaluar la sostenibilidad fiscal de estas pensiones, dado que buena parte de ellas —especialmente las vitalicias— representan compromisos de largo plazo que, si no se ajustan a una política pública definida, pueden generar tensiones presupuestarias en los años venideros.