Parlamentarios de la UDI, Republicanos y RN cuestionaron al Ejecutivo tras revelarse que el ministro Juan Carlos Muñoz firmó en enero el decreto de concesión por 30 años para el cable Chile-China, el cual fue revocado 48 horas después en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos. Acusan contradicciones y falta de transparencia.

Una ofensiva fiscalizadora anunciaron parlamentarios de oposición luego de conocerse que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el 27 de enero de 2026 el decreto que adjudicaba por 30 años la concesión del cable submarino entre Chile y China, decisión que fue anulada apenas 48 horas después. El episodio ocurre en paralelo a la tensión diplomática con Estados Unidos por eventuales riesgos de ciberseguridad vinculados a infraestructura digital.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez calificó la situación como “de extrema gravedad”, apuntando directamente al Ejecutivo. “El Gobierno se ha dedicado a ocultar información y dan cuenta de una serie de contradicciones entre lo que han dicho y los hechos. Por eso, como Bancada UDI vamos a impulsar a partir del 11 de marzo una comisión investigadora. Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto, para conocer cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de este proyecto, que hoy sabemos que se aprobó en completo silencio y hermetismo”, señaló.

En la misma línea, el diputado Stephan Schubert (Republicano) sostuvo que el Ejecutivo fue advertido sobre las implicancias estratégicas del acuerdo. “El gobierno del presidente Gabriel Boric estaba advertido respecto a las decisiones que actualmente Estados Unidos iba a tomar con ocasión de la cuestión del cable submarino. Tenemos que velar también por el elemento de seguridad, aquí lo que claramente ha faltado es transparentar por parte de la administración qué es lo que se estaba haciendo y con qué finalidad”, afirmó.

Por su parte, el diputado electo Francisco Orrego (RN) cuestionó la versión oficial que situaba el proyecto en etapa preliminar. “Aquí hay un tema bien grave, porque se nos dijo que el proyecto estaba en evaluación, pero lo cierto es que el 27 de enero de 2026 el ministro firmó el decreto que otorgaba la concesión por 30 años. Eso no es una idea en análisis, es la etapa final de un proyecto que ya pasó por todas sus revisiones… alguien está mintiendo”, fustigó.

La controversia se da en medio de la crisis generada tras la revocación de visas por parte de Estados Unidos a altas autoridades del Ministerio de Transportes y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, decisión que fue vinculada por Washington a riesgos de ciberseguridad asociados a infraestructura digital provista por empresas estatales chinas. Mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la gestión del proyecto, la oposición ya prepara acciones fiscalizadoras para esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.