Publicado por: Tiempo21 | jueves 4 de diciembre de 2025 | Publicado a las: 10:27
El reconocimiento formal de Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, que recurrieron al expersecutor hoy indagado por cohecho, abre la puerta a solicitudes de inhabilidad en medio de la querella que la Fiscalía sigue contra Guerra.
Un nuevo antecedente sacude al sistema judicial chileno: dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, confirmaron haber solicitado gestiones al exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra Fuenzalida en el marco de sus respectivos procesos de nombramiento.
La revelación surgió luego de que la defensa de Guerra presentara una recusación para evitar los alegatos en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones, donde se tramita la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Arica en su contra por delitos de cohecho y otros ilícitos.
Fue en medio de esta pausa procesal que los ministros, con apenas un minuto de diferencia, firmaron una constancia para informar a las partes sobre sus contactos con el expersecutor, quien ahora se encuentra formalmente investigado.
Las constancias judiciales especifican la naturaleza de los acercamientos al exfiscal Guerra:
Estos antecedentes ponen en entredicho la transparencia y la probidad de los procesos de nombramiento en tribunales de alzada, que involucran la confección de ternas por parte de la Corte Suprema y la posterior decisión del Presidente de la República.
La acción de los ministros de dejar constancia de sus contactos —formalmente justificada como un ejercicio de transparencia—, en realidad abre una compuerta legal hacia posibles solicitudes de inhabilidad en la querella que enfrenta Manuel Guerra.
El principal efecto es que, una vez que estos antecedentes son públicos, las partes involucradas en el proceso judicial contra Guerra (la Fiscalía y la defensa) pueden solicitar que los ministros Gray y Rodríguez se inhabiliten de seguir conociendo la causa, argumentando que existe un vínculo previo, aunque sea de gestión o solicitud de ayuda, que podría comprometer su imparcialidad.
Esta situación añade presión sobre la Corte de Apelaciones y sobre la percepción pública del proceso de nombramientos en el Poder Judicial, un ámbito que ha sido constantemente cuestionado por la influencia de redes políticas y de contacto. La probidad en el nombramiento de jueces es un pilar fundamental para la confianza en la justicia, y estos antecedentes sugieren que las gestiones externas son un factor real en la carrera judicial.