El diputado Miguel Mellado (RN), había señalado el martes 6, que estaba dispuesto a apoyar la acusación contra ministro Pérez si se incluye la situación de La Araucanía. “Leí la acusación, pero no toca en profundidad la violencia en la región. No concurriré con mi voto”, dijo a Tiempo21.

El parlamentario había señalado a principios de la presente semana que si la acusación constitucional  contra el ministro de Interior se coloca un artículo o capítulo que diga la falta de Estado de Derecho en la Región de La Araucanía y la ineptitud de Interior para poder anticiparse,  estoy disponible para apoyar la acusación constitucional».

Desde que asumió como legislador, Miguel Mellado (RN) ha ido aumentando su rechazo a la actuación del gobierno en la región, críticas que aumentaron luego del crimen del trabajador Pedro Cabrera. “En estos momentos en la gente de La Araucanía hay una indignación con las autoridades del Ministerio del Interior que no han sido capaces de parar el terrorismo en la zona y han habido muertes y asesinatos como el de este fin de semana de un trabajador agrícola”, comentó.

Mellado aseguró a La Tercera, que esta situación se pudo haber previsto y dijo que Pérez “tiene al intendente (Víctor Manoli) amarrado de manos”. En ese sentido, envió un mensaje al Presidente Sebastián Piñera: “Creo que sus autoridades no están dando el ancho (…) Yo soy un parlamentario de gobierno pero tengo que representar a La Araucanía y yo estoy disponible para respaldar esa acusación constitucional si se incorpora un capítulo de La Araucanía”.

Sin embargo, en la tarde del jueves, dijo a Tiempo21 que luego de revisar la acusación, no la apoyará, porque consideraba que no consideraba la gravedad de la violencia que se registra en La Araucanía. “Luego de entregar la acusación, no trata en forma profunda el clima de violencia y terrorismo que tenemos en la región. No votaré a favor de la acusación”.

¿Qué dice la acusación?

La acusación constitucional presentada en la Cámara de Diputados en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, es un documento de 89 páginas, y considera un riguroso análisis en derecho y político de la autoridad desde que asumió el cargo el 28 de julio.

La lectura del documento arroja que en la situación de La Araucanía, en lo fundamental, se analiza lo realizado y declarado por el ministro. En torno a la situación de violencia en La Araucanía desde la página 47 a la número 50.

En ese contexto, el documento considera cuatro líneas para hacer referencia al asesinato de Pedro Cabrera Benavides, quien fue herido en el rostro de un balazo proveniente de un fusil de guerra.

Los hechos se registraron el 3 de octubre en el camino Curaco de del sector rural de Collipulli, donde un furgón que  transportaba a los trabajadores fue interceptado por al menos ocho encapuchados, quienes los hicieron bajar del vehículo para luego incendiarlo.

CAPÍTULO II. INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, VULNERANDO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

(Páginas 47 a la 50)

3.- Sumado a los puntos anteriormente señalados, existe una tercera situación que merece nuestra atención, y que dice relación con los hechos acaecidos la madrugada del día domingo 02 de agosto, en la región de la Araucanía, en especial, en las comunas de Curacautín, Victoria y Traiguén de la Provincia de Malleco, durante la emergencia sanitaria por la Pandemia de COVID-19 y encontrándose vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y sus medidas, los que concentraron la preocupación de todo el país que busca paz y condena la violencia.

En dicha oportunidad, en el contexto de la toma de varios recintos municipales por personas del pueblo mapuche, un grupo indeterminado de personas previamente concertadas concurrieron a los edificios municipales ya mencionados, con la intención de expulsarlos en forma violenta haciendo un uso ilegítimo de la fuerza, generando desorden público y daños alrededor, amenazando la vida de quienes se encontraban al interior de las dependencias edilicias. Estos graves hechos fueron fuertemente criticados y denunciados, principalmente en orden a sancionar cualquier acto que propenda a generar o derivar en una validación de este mecanismo como solución de conflictos sociales, siendo deber del Estado promover la paz social en todo el territorio. Sin embargo, estos hechos no fueron condenados ni perseguidos por la autoridad competente.

En ese contexto, durante los días previos a los sucesos, la Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), publicó en su cuenta de twitter, tras una reunión que sostuvo el alcalde de la comuna de Freire José Bravo, el Ministro Víctor Pérez y el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que se acordaba el desalojo de los municipios en toma.  Luego de eso, la dirigente de APRA, Gloria Naveillán señaló en un audio que circula en las redes sociales : “… nos juntamos a la 12 en la plaza…necesito saber con cuántos contamos….tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas …hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse, pero la muni la tenemos que recuperar hoy día..”[6]. A la fecha, este audio no ha sido desmentido.

Mientras tanto, el Alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, declaró: “nosotros desde el día uno le dijimos que no era un problema local, que no se resolvía a través del desalojo, sino con una mirada política y social de este problema y las autoridades no nos escucharon, solo creían que a través de la violencia íbamos a resolver este conflicto y es resultado de lo que ocurrió ayer”[7]. Además, este alcalde señala que el Subsecretario Galli no quiso recibir a los cinco alcaldes, y sólo recibió al Señor Bravo.

La noche de los hechos, resultaron detenidas 21 personas, incluidos dos menores de edad, quienes participaron de las tomas de los recintos municipales de los cuales, 19 pasaron a control de detención por delito de riña, daños y obstaculización del ejercicio de la función pública de la municipalidad, y les impusieron arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a la municipalidad. A su vez, ninguno de los que concurrieron concertados previamente al desalojo violento de los municipios resultó detenido. Al respecto, no obstante las imágenes difundidas por los medios de comunicación donde es posible identificar a funcionarios de carabineros presentes en el mismo lugar donde se concentraban los civiles armados con distintos elementos, no existe información sobre investigaciones iniciadas sobre estos hechos. Para la cartera de Interior que ya encabezaba el ministro Víctor Pérez Varela, los actos de violencia y las consignas racistas vociferadas esa noche en contra del pueblo mapuche no configuraban acciones graves que motivaran el uso de los instrumentos legales vigentes, como lo es por ejemplo la Ley 20.609, denominada “Ley Zamudio”. Por el contrario, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sólo anunció querellas en contra de todos quienes resulten responsables por desórdenes públicos y daños tras el llamado “desalojo” de la Municipalidad de Curacautín, dirigidas en contra de quienes participaron en las tomas y no contra quienes ejercieron actos de racismo y de violencia en contra de los mapuche, ya que se hace especial referencia a las personas que se encontraban ocupando el edificio sin hacer ninguna mención a los civiles que agredieron a los ocupantes.

(…) Sin lugar a duda que los lamentables episodios de violencia ocurridos en la región de la Araucanía y en algunos sectores de la provincia de Arauco deben cesar. En ese sentido, el desigual criterio que se ha tenido al momento de aplicar la ley no contribuye en ello. Es deber del Estado y en específico del presente gobierno, promover la paz social en la región y en todos los rincones de la nación. Lamentamos que desde el Ministerio del Interior aún no haya habido respuestas concretas ni propuestas que contribuyan a una solución. De momento, se siguen produciendo situaciones en donde hemos de lamentar víctimas inocentes. Tal es el caso, por ejemplo, del menor mapuche de 13 años miembro de la comunidad Wente Wilkun Mapu, quien resultó herido con un arma de fuego en el sector de Curaco, Collipulli, el pasado 12 de septiembre del 2020. La comunidad presentó una querella por este delito y, en una manifestación pacífica exigiendo justicia fueron reprimidos mediante el uso de la fuerza por Carabineros. Misma situación se presenta para la menor de 9 años que resultó herida por la espalda con un arma de fuego cuando se trasladaba en un camión junto a su familia por la ruta que une Angol con Collipulli el pasado 22 de agosto, los cuales fueron embestidos por desconocidos que se ampararon en el anonimato de la oscuridad de la noche. De igual modo, no podemos dejar de señalar el lamentable homicidio de un trabajador forestal, a quien unos desconocidos le propiciaron disparos que acabaron con su vida, el pasado sábado 03 de octubre del 2020 en Collipulli.

Así las cosas, es necesario hacer presente que la aplicación sesgada de la ley mella directamente al establecimiento de condiciones mínimas que contribuyan al diálogo de todos los sectores, en el marco del respeto a los legítimos y diversos intereses presentes en la Araucanía y en la Provincia de Arauco.