La iniciativa crea una nómina pública para personas condenadas por actos vandálicos e incivilidades y contempla sanciones adicionales como la pérdida de beneficios sociales, restricciones para asistir a eventos masivos y limitaciones para acceder a programas financiados por el Estado.

El Gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas por el Presidente José Kast durante su Cuenta Pública.

La propuesta busca establecer una nómina pública administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde serán incorporadas personas que cuenten con condenas firmes por una serie de delitos y faltas catalogadas como actos vandálicos o incivilidades.

El registro podrá ser consultado por organismos públicos, tribunales de justicia, organizadores de espectáculos masivos, administradores de recintos deportivos, operadores de casinos y también por ciudadanos particulares, quienes tendrán acceso limitado a consultas mediante mecanismos de transparencia.

Entre los delitos considerados para integrar la nómina figuran la interrupción de la libre circulación en la vía pública, los daños a bienes públicos, los incendios, las usurpaciones de inmuebles fiscales o educacionales, el uso de artefactos explosivos, las amenazas a funcionarios de salud y educación, los rayados no autorizados, las carreras clandestinas y delitos vinculados al tráfico de drogas, entre otros.

La iniciativa también incorpora faltas e incivilidades sancionadas por Juzgados de Policía Local, como el consumo de alcohol en espacios públicos, la evasión del transporte público, el depósito ilegal de escombros y la obstrucción de accesos a playas, ríos o lagos.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto son las consecuencias asociadas a la incorporación en el registro. Además de las penas establecidas por la legislación vigente, quienes integren la nómina enfrentarán restricciones para acceder a diversos beneficios estatales.

Entre ellas se contempla la prohibición de postular a subsidios habitacionales, subsidios de arriendo, becas de educación superior y postgrado, fondos de investigación, beneficios de transporte rebajado, programas culturales y fondos concursables del Ministerio de las Culturas.

Asimismo, el proyecto establece la imposibilidad de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego, además de restricciones para renovar licencias de conducir, obtener pasaportes o recibir determinados beneficios sociales.

En los casos calificados como actos vandálicos especialmente graves, la propuesta considera sanciones adicionales, incluyendo la suspensión temporal de la gratuidad universitaria y el acceso a la Pensión Garantizada Universal.

El proyecto comenzará ahora su tramitación legislativa en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate sobre el alcance de las sanciones, la protección de derechos y la efectividad de la medida como herramienta para combatir la violencia y las incivilidades.