Por Luis Gajardo, Sociólogo y académico U. Central

Una práctica cada vez más común en nuestra sociedad es considerar que las urgencias más apremiantes de la población pueden resolverse simplemente dictando leyes. Este parece ser el diagnóstico predominante ante el avance de la inseguridad. Por un lado, la clase política se enfrasca en largas discusiones sobre la necesidad de normativas que aumenten las atribuciones y el resguardo a las policías; por el otro, se sostiene que la clave está en modificar los códigos para endurecer las penas.

Si bien la existencia de la ley y el castigo son factores necesarios, resultan del todo insuficientes para desterrar las complejas formas de criminalidad contemporánea. Cuando hablamos de delincuencia, debemos mirar el fenómeno en todas sus dimensiones: desde el narcotráfico y las bandas transnacionales que infunden temor en los barrios, hasta el delito de «cuello blanco», la corrupción y los fraudes financieros que erosionan la fe pública.

Como lo demuestra la evidencia disponible, las organizaciones criminales —en cualquiera de estos niveles— se han modernizado de manera acelerada. Estas estructuras se han especializado: adoptan tecnología de punta, promueven la innovación permanente, crean redes ágiles y flexibles, operan de forma colaborativa y globalizan sus actividades. Ya sea mediante la violencia territorial o a través de sofisticadas tramas financieras que buscan corromper el poder político y judicial, el crimen hoy aplica los mismos principios de racionalización y gestión que cualquier corporación moderna.

En este escenario se produce lo que en sociología se conoce como rezago cultural: un fenómeno donde las fuerzas policiales no logran transformarse al mismo ritmo vertiginoso en que lo hacen las organizaciones delictivas. Las instituciones policiales son estructuras de dimensiones gigantescas que deben prestar un servicio homogéneo en todo el territorio nacional. Sabemos que las organizaciones de esta escala no cambian de la noche a la mañana, sobre todo cuando sus lógicas internas responden a tradiciones largamente arraigadas. Sin embargo, llega un momento en que es imperativo cerrar ciclos y abrir nuevos horizontes. Acelerar un proceso profundo de profesionalización y alta especialización no es una opción; es una condición sine qua non para disminuir las brechas actuales.

Para ilustrar este desafío de cambio organizacional —que busca tanto la eficiencia pública como proteger la vida y la integridad de los propios funcionarios— cabe hacernos preguntas incómodas pero necesarias: ¿Qué porcentaje del personal presenta las competencias técnicas y el estado óptimo para el despliegue operativo o investigativo? ¿Existen estándares mínimos, modernos y fiscalizables? ¿Con qué frecuencia real reciben entrenamiento en el manejo de nuevas tecnologías, ciberseguridad y análisis financiero? ¿Existen evaluaciones sistemáticas que certifiquen el equilibrio psicológico necesario para enfrentar situaciones de alta exigencia? Asimismo, ¿cuántos funcionarios aptos siguen atrapados en labores puramente administrativas de escritorio? ¿Cuánto de lo aprendido en las escuelas de formación se traduce efectivamente en la práctica y en programas de capacitación continua?

Insistimos: no basta con el papel de la ley. Es urgente otorgar las condiciones materiales, técnicas y científicas para disminuir al mínimo los riesgos, aumentar la eficiencia institucional y acortar las distancias con el delito en todas sus escalas. Con todo, una mirada de fondo también nos obliga a enunciar el problema en su raíz: la seguridad no empieza en la comisaría, sino en la estructura misma de nuestras oportunidades. Una estrategia integral requiere que la sociedad genere los mecanismos que permitan entregar oportunidades reales a las personas desde la sala cuna, desactivando las causas estructurales que alimentan la marginalidad y el delito.

Habitamos una sociedad compleja, y la teoría sociológica nos enseña que la complejidad del entorno solo se resuelve agregando mayores niveles de sofisticación a las organizaciones que la gestionan. Los cambios institucionales son más viables y mejor recibidos cuando son los propios involucrados quienes lideran el diagnóstico, establecen prioridades y se fijan metas. Los desafíos del Chile actual exigen, de una vez por todas, diferenciación institucional, diversificación de capacidades y una auténtica profesionalización de nuestra policía.