Hace unos días, la Multigremial de La Araucanía dio a conocer una cifra tan alarmante como ilustrativa: más de 12.000 hectáreas del territorio regional estarían fuera del control efectivo del Estado. Esta declaración, lejos de ser una exageración, refleja una realidad conocida por quienes vivimos en esta región: existen zonas donde los representantes del Estado y las policías no pueden cumplir su función. Y si no se puede cumplir la ley, tampoco puede haber justicia ni orden.

Como era de esperar, el Delegado Presidencial —autoridad máxima en materia de seguridad en la región— salió a desmentir esta afirmación. No puede reconocerlo, aunque sepa que es cierto, porque admitirlo sería aceptar que, en una parte del país, el Estado ha fracasado en su rol más básico: garantizar seguridad, justicia y soberanía.

Lo cierto es que existen zonas completas donde la policía no puede ejecutar órdenes judiciales, incluso con grandes despliegues tácticos. La presencia de grupos armados, bien organizados y con capacidad de fuego, ha impedido el actuar de Carabineros y de la PDI en varios casos. La situación es grave y conocida, pero sigue siendo ignorada o relativizada por muchas autoridades. Incluso en los centros urbanos la situación no es muy distinta: los principales problemas de seguridad en Chile, según las encuestas, son los asaltos, robos y portonazos, seguidos por la inseguridad general, la delincuencia asociada al consumo de drogas y alcohol, y el narcotráfico.

¿Es posible hablar de libertad para los ciudadanos y víctimas en un lugar donde el Estado no puede garantizarla? ¿Puede una familia dormir tranquila, mandar a sus hijos a la escuela o salir a trabajar con seguridad en una zona donde ni siquiera el Estado puede ingresar? La respuesta es obvia para quienes vivimos aquí: no, no se puede con libertad.

Esta situación no es nueva. Recordemos que uno de los primeros gestos del actual gobierno fue la fallida visita de la entonces ministra del Interior. Lo que comenzó como una señal de diálogo terminó siendo una prueba concreta de que hay zonas que no responden al control estatal.

La Multigremial no hizo más que poner cifras a lo que ya es evidente para los habitantes de la región. La ausencia del Estado no es una percepción: es una realidad diaria para miles de personas. Sin embargo, frente a esto, las autoridades políticas parecen optar por el silencio. Diputados, Senadores, Ministros y el propio Delegado Presidencial eligen no ver ni oír lo que todos sabemos que está ocurriendo. No basta con que en cada periodo presidencial se establezcan comisiones, creadas con buenas intenciones pero incapaces de resolver los problemas de fondo que enfrentamos quienes vivimos en el campo y la ciudad de esta región.

Hoy nos enfrentamos a una crisis de seguridad, sí, pero también a una crisis institucional. La definición técnica de un “Estado fallido” incluye tres condiciones: pérdida del monopolio del uso de la fuerza, incapacidad para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, y pérdida de control territorial. En zonas específicas de La Araucanía, estos tres factores están presentes.

La pregunta, entonces, es simple: ¿qué está esperando el Estado para actuar? Porque mientras en Santiago se discuten conceptos y se buscan responsables, en La Araucanía la gente sigue viviendo con miedo, desprotegida y sin respuestas.

No hay soluciones mágicas. Pero el primer paso es reconocer la magnitud del problema, como se hizo al decretar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. No podemos seguir aceptando la negación como política pública. El Estado central no puede pretender que los temas se solucionen en las regiones sin entregar medios, recursos y poder político. La Araucanía no puede seguir siendo tierra de nadie.

Jorge Luchsinger Mackay