Con el objetivo de abrir un análisis y discusión sobre los recientes cambios en materia laboral, KPMG en Chile y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) organizaron el seminario “Comisión laboral ampliada: El desafío laboral en Chile hoy”. La instancia permitió revisar el alcance normativo y operativo de tres reformas clave -Ley de 40 horas, Ley Karin y previsional-, así como sus efectos concretos en la gestión de personas, cumplimiento regulatorio y clima organizacional.

El evento comenzó con palabras de bienvenida de Alberto Cuevas, socio de Tax & Legal de KPMG en Chile, para luego dar paso a una exposición liderada por Lilia Jeréz, presidenta de la Comisión Laboral de la CNC, quien realizó un diagnóstico del impacto que han tenido en las empresas las múltiples reformas laborales implementadas entre 2024 y 2025, y su incidencia en la creación de nuevos empleos, mayores costos laborales e incertidumbre jurídica.

Posteriormente, se realizó un panel de conversación en el que participó Sergio Fuica, socio de Guerrero y Olivos; Cristina Fernández, managing director de KPMG Law; y Alejandro Bowen, gerente de Personas y Organizaciones Grupo Limonada.

Cristina Fernández se enfocó en el impacto económico que han generado los recientes cambios normativos al interior de las empresas. “La Ley Karin trajo bastantes costos adicionales porque requirió mucha capacitación de los equipos internos y en algunos casos las compañías han asumido internamente investigaciones para evitar la sobrecarga de la Dirección del Trabajo”, comentó la experta.

A esto se suma el efecto del ingreso mínimo y la aprobación de la nueva reforma previsional. “Claramente han sido años de mucha intensidad laboral, que han generado un incremento de los costos”, concluyó, subrayando que muchas firmas han debido repensar sus esquemas de compensaciones para mitigar ese impacto, incorporando beneficios no imponibles o estructuras más eficientes.

Por su parte, Sergio Fuica abordó el clima de incertidumbre jurídica que ha acompañado a las reformas recientes como uno de los principales costos indirectos que enfrentan las compañías.  “Tenemos falta de certeza y eso nos genera, a los abogados, a los empresarios, a la comunidad académica, a la sociedad, no saber qué decisiones tomar”, indicó, señalando que la demora en las resoluciones de los tribunales y la sobrecarga institucional hacen que los procesos judiciales laborales se extiendan hasta tres años, restando efectividad a los procedimientos.

Alejandro Bowen, compartió la experiencia de su compañía respecto de la implementación y desafíos de las 3 nuevas normativas, donde destacó lo referente al artículo 22 de la ley de 40 horas. “Fue sumamente complejo porque se asociaba a que la empresa era la que quería poner un mayor control, y esto era un mandato legal, que vino a corregir un uso del artículo 22 que a lo largo de los años no se hacía del todo correcto”.

Asimismo, el ejecutivo se refirió al impacto que la Ley Karin ha tenido en la cultura organizacional y la carga administrativa en las áreas de personas, particularmente por el temor y desconocimiento inicial de los alcances de las exigencias y protocolos enmarcados en la legislación. “Existía una sensación de que no se podía hacer nada. Desde un saludo hasta hablar. Entonces, ese desconocimiento se trabajó con mucha capacitación”, explicó. Añadió que, con la entrada en vigencia de la iniciativa, surgieron numerosas denuncias, lo que llevó a muchas empresas -incluida la suya- a reforzar los canales internos.