La iniciativa busca ampliar la exigencia del examen capilar a autoridades del Estado, dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular, en una medida que el gobierno plantea como parte de su agenda de probidad.

El presidente de José Kast anunció el envío de un proyecto de ley que busca extender la aplicación de test de drogas a autoridades públicas y representantes políticos, en el marco de una agenda orientada a reforzar los estándares de transparencia en el Estado.

El anuncio se realizó luego de que el mandatario se sometiera personalmente a un examen capilar de detección de drogas en dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). El procedimiento, cuyo costo supera los $300 mil, fue pagado por el propio presidente y permite detectar consumo de sustancias en una ventana aproximada de 90 días.

Según explicó el jefe de Estado, el proyecto pretende ampliar la exigencia de estos exámenes más allá de las actuales normas. La iniciativa incluiría al Presidente de la República, ministros y altos cargos del Estado, pero también a senadores, diputados y autoridades regionales, como gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales.

Kast planteó además que el Congreso también debiera someterse a esta medida al menos una vez al año, señalando que los exámenes podrían ser administrados por la Contraloría General de la República de Chile para asegurar transparencia en el proceso.

La propuesta también busca incorporar a directivas de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, con el objetivo de acreditar que quienes aspiren a ejercer funciones públicas no mantengan dependencia de drogas ilegales.

En paralelo, el mandatario anunció que se impulsarán modificaciones al decreto N.º 1.215 de 2006, con el fin de estandarizar el uso del examen de cabello en ministros, subsecretarios y directivos superiores del Estado. La idea es que los resultados se publiquen en las páginas web de los servicios respectivos dentro de 10 días desde su entrega.

El presidente argumentó que la medida responde a la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones en un contexto marcado por la preocupación por el narcotráfico y el crimen organizado. “La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes”, afirmó, llamando a las distintas fuerzas políticas a respaldar la iniciativa.