La iniciativa será sometida a revisión y «perfeccionamiento», en medio de un debate marcado por tensiones entre pesca artesanal e industrial y críticas a la actual normativa.

El Gobierno de José Kast decidió retirar del Congreso el proyecto de nueva Ley General de Pesca, con el objetivo de someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento antes de reingresarlo a tramitación.

La medida busca abrir un espacio de revisión técnica y política de la iniciativa, en un contexto donde el debate sobre el modelo pesquero ha estado marcado por diferencias entre el sector artesanal e industrial, así como por cuestionamientos históricos a la legislación vigente.

El proyecto en cuestión pretendía reemplazar completamente la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, también conocida como «Ley Longueira», vigente desde 2013, la cual ha sido objeto de críticas por su origen y por eventuales beneficios al sector industrial en la asignación de cuotas.

En ese escenario, el Ejecutivo optó por pausar su avance legislativo para incorporar nuevas observaciones, mejorar su contenido y generar mayores consensos antes de continuar con su tramitación en el Congreso.

La decisión también se produce en medio de un proceso legislativo complejo, donde la discusión sobre pesca ha tenido retrasos y tensiones, incluyendo la priorización de otras iniciativas como la ley de fraccionamiento pesquero, considerada clave para redistribuir cuotas entre actores del sector.

Dicha normativa de fraccionamiento ha sido uno de los ejes del debate, ya que busca modificar la distribución de los recursos marinos entre pesca artesanal e industrial, un punto históricamente conflictivo en la política pesquera del país.

En paralelo, el sector enfrenta un escenario de incertidumbre regulatoria, con definiciones pendientes que impactan directamente en la actividad productiva, el empleo y la sostenibilidad de los recursos marinos.

Con el retiro del proyecto, el Gobierno abre ahora una etapa de revisión que podría incluir nuevos ajustes estructurales, en busca de una propuesta que logre mayor legitimidad política y social.

De esta forma, la nueva Ley de Pesca —considerada una de las reformas estructurales más relevantes en el ámbito económico y productivo— vuelve a quedar en pausa, a la espera de un rediseño que permita destrabar su avance en el Congreso.