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Publicado por: Gera Castillo | lunes 9 de noviembre de 2026 | Publicado a las: 16:52
El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Justicia los fundamentos legales de los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores. La diligencia se enmarca en una investigación por eventual prevaricación, mientras el Gobierno suspendió las nuevas rebajas de condena y la oposición prepara una acusación constitucional.
La crisis que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía Centro Norte solicitó al Ministerio de Justicia información sobre los fundamentos legales utilizados para dictar los decretos que concedieron rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
El requerimiento forma parte de las diligencias de una investigación por el eventual delito de prevaricación, iniciada tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).
La solicitud busca conocer los argumentos jurídicos que sustentaron las decisiones ministeriales. Se trata de una diligencia investigativa y no significa que el delito esté acreditado ni que exista una condena contra el ministro.
El requerimiento de Fiscalía llega cuando el Ministerio de Justicia ya enfrenta una serie de solicitudes de información de parlamentarios que buscan conocer los antecedentes de las rebajas de condena.
Este lunes, Rabat llegó a la Comisión de Constitución del Senado pese a no haber sido invitado por el presidente de la instancia, Vlado Mirosevic. El ministro sostuvo que acudía en representación del Presidente y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Durante la jornada, señaló que su cartera tenía cerca de 50 solicitudes de información pendientes de respuesta.
Ahora, el Ministerio deberá responder también al requerimiento del Ministerio Público, que busca conocer los fundamentos legales de los decretos cuestionados.
En paralelo, el Gobierno anunció que suspendió la dictación de nuevos decretos de rebaja de condena para todo tipo de delitos.
El subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que la decisión se amplió luego de que el Ejecutivo resolviera respaldar un proyecto de ley que busca derogar la normativa que permite estos beneficios.
El cambio de criterio se produjo después de conocerse un decreto firmado el 5 de noviembre por Rabat y la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, que redujo en diez meses la condena de un hombre sentenciado por el homicidio de un adulto mayor en la Región de Valparaíso.
La suspensión anunciada por el Ejecutivo no equivale a la eliminación de la ley: esa modificación todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso.
La controversia también escaló en el ámbito político. Los partidos de oposición anunciaron que consideran a Rabat un interlocutor no válido para las conversaciones legislativas relacionadas con su cartera.
La postura se hizo visible este lunes en la Comisión de Constitución del Senado, donde el ministro no había sido invitado a la sesión.
En paralelo, las bancadas opositoras continúan preparando una acusación constitucional contra el secretario de Estado. Aunque los dirigentes han señalado que esperan presentarla durante los próximos días, al cierre de esta jornada no existía una fecha definitiva.
Pese a la presión judicial y parlamentaria, el Presidente José Antonio Kast ha mantenido públicamente su respaldo a Rabat y ha señalado que asume la responsabilidad política por su permanencia en el gabinete.
La crisis enfrenta ahora tres frentes: la investigación penal que busca esclarecer los fundamentos de los decretos, la presión parlamentaria por obtener antecedentes y la ofensiva opositora para impulsar una acusación constitucional.
El requerimiento de Fiscalía agrega una dimensión judicial a una controversia que ya tensiona al Ejecutivo y al Congreso. La investigación deberá establecer si las decisiones cuestionadas se ajustaron a la normativa vigente y si existen antecedentes que permitan determinar eventuales responsabilidades.
