Durante décadas, la casa propia ha sido símbolo de estabilidad, esfuerzo y movilidad social para miles de familias chilenas. Hoy, ese sueño está al borde del colapso. La razón es concreta: las condiciones para acceder a un crédito hipotecario se han endurecido drásticamente, empujando a una parte creciente de la población a la exclusión habitacional permanente.

Una barrera cada vez más alta

Desde 2020 a la fecha, el mercado hipotecario chileno ha vivido una transformación radical. Las tasas de interés han subido sostenidamente producto de la inflación, las políticas monetarias restrictivas del Banco Central y la mayor percepción de riesgo sistémico. Si en 2020 una tasa promedio podía fluctuar en torno al 3%, hoy muchas entidades la ofrecen por encima del 5%, lo que implica un aumento directo en el valor del dividendo mensual.

Con el mismo monto de crédito (por ejemplo, 4.000 UF, con un 20% de pie y 20 años de plazo), el dividendo mensual pasó de $520.000 a cerca de $850.000. Esto ha llevado a los bancos a exigir rentas superiores a los $3 millones para calificar. En un país donde más del 70% de la población gana menos de esa cifra, el efecto es frustrante.

Oportunidades en caída libre

No se trata solo de tasas altas. El mercado inmobiliario ha entrado en una fase crítica: menos proyectos, menos compradores y más incertidumbre. El alza de costos en materiales, la paralización de inversiones, la baja demanda y los requisitos bancarios excesivos han provocado una desaceleración importante. 

Esto es especialmente visible en regiones como La Araucanía, donde el impacto es doble: miles de familias ven alejarse la posibilidad de una vivienda digna, mientras que el sector de la construcción —motor económico regional— comienza a contraerse de forma alarmante. Si la construcción se detiene, se destruyen empleos directos, contratistas, ferreterías, transportistas, y se rompe una cadena productiva completa de mucha importancia para nuestra región.

Un Estado que debe actuar

Ante este escenario, el Estado no puede permanecer pasivo. Se requiere avanzar con urgencia en políticas públicas que reviertan esta situación:

Programas de garantía estatal para cubrir parte del pie o complementar renta familiar.

Reducción de tasas mediante convenios entre BancoEstado y el Ministerio de Hacienda.

Flexibilización de criterios de evaluación para jóvenes profesionales y sectores emergentes.

Incentivos tributarios para reactivar la inversión inmobiliaria en regiones.

Además, es indispensable convocar a un gran acuerdo nacional por la vivienda, que incluya a actores públicos, privados, gremiales y sociales. Sin medidas audaces y coordinación efectiva, el mercado seguirá expulsando a las familias del acceso a la vivienda, profundizando la desigualdad territorial y social.

No se puede renunciar al sueño

El acceso a la vivienda no puede quedar a merced de las fluctuaciones financieras ni del cálculo de riesgo de la banca privada. El sueño de la casa propia no es una ilusión romántica: es un pilar del bienestar social y de la cohesión territorial.

Si renunciamos a él, también renunciamos al sueño futuro de la casa propia de miles de familias chilenas.