En un ambiente de alta tensión política, el ministro Nicolás Cataldo califica de «injustos» los dardos del presidente electo, mientras La Moneda «chica» confirma a María Paz Arzola —crítica acérrima de las reformas actuales— como la carta de hierro para intervenir un sistema que, según el oficialismo, aún no logra «mover la aguja».

La transición en Educación ha dejado de ser administrativa para transformarse en un campo de batalla ideológico. A pocas semanas del cambio de mando, el ministro Nicolás Cataldo decidió romper el silencio frente a las críticas de José Antonio Kast, acusando al mandatario electo de ignorar la evidencia técnica. Sin embargo, el diseño del futuro gobierno ya está en marcha: María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo y autora del lapidario libro «Reprobado: Una década perdida en educación», asoma como la nueva jefa de la cartera, con la misión de desmantelar los pilares de la gestión Boric.

Cataldo sostiene que la educación pública ha sido históricamente relegada a ser un «nicho para atender a los pobres», una lógica que asegura haber intentado romper. En su defensa, el ministro destaca que hoy un 10% de los inscritos en educación superior provienen del sistema estatal, proyectando al Fondo de Acceso a la Educación Superior (FES) como una solución más barata que el CAE. No obstante, desde el equipo de Kast, Arzola dispara en una dirección opuesta: califica al FES como una «amenaza fiscal» y advierte que las autoridades salientes han llegado tarde a las crisis de violencia y deserción en los liceos.

La pugna se divide en dos visiones de país. Por un lado, el oficialismo defiende el fin de la selección académica y la consolidación de los SLEP; por otro, la futura administración de Kast busca restablecer el mérito como eje central. Arzola propone flexibilizar los requisitos para liceos de excelencia, permitiendo seleccionar hasta el 100% de la matrícula por mérito académico, una idea que el actual Mineduc rechaza por considerarla segregadora. En cuanto a la seguridad, mientras Cataldo admite que Aula Segura no ha frenado la violencia pospandemia, la futura ministra desliza que medidas extremas, como detectores de metales, se han vuelto una necesidad inevitable ante el descontrol en las aulas.

Para La Araucanía, esta disputa no es menor. Nuestra región, marcada por la mayor brecha de pobreza según la última Casen, depende críticamente del éxito de la educación pública para la movilidad social. El cambio de mando pone en duda la continuidad de proyectos locales de infraestructura y la implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) en zonas rurales, donde la transición administrativa suele ser más lenta y costosa.