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Publicado por: Claudio Nuñez | martes 25 de agosto de 2026 | Publicado a las: 12:56
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast sufrió este martes un duro revés ante el Tribunal Constitucional (TC), luego que el organismo rechazara el requerimiento con que La Moneda buscaba eliminar una norma que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes.
La decisión fue adoptada por una contundente mayoría de nueve votos contra uno, manteniendo vigente el artículo 31 de la denominada megarreforma de reactivación y reconstrucción.
La disposición establece que, cuando exista una zona declarada de catástrofe, las empresas deberán restituir sin costo los servicios de electricidad, agua potable y gas que hubieran sido suspendidos previamente por falta de pago.
El Ejecutivo había recurrido al Tribunal Constitucional argumentando que la disposición aprobada por el Congreso era inadmisible, debido a que tendría efectos sobre materias que serían de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Durante los alegatos realizados este martes, representantes de La Moneda defendieron esa posición ante el pleno del TC.
La tesis del Gobierno, sin embargo, no logró convencer al tribunal.
Por nueve votos contra uno, los ministros rechazaron la impugnación presentada por el Ejecutivo, permitiendo que la disposición continúe formando parte de la megarreforma.
La resolución representa un nuevo revés para La Moneda en torno a una iniciativa que ya había enfrentado controversias ante el propio Tribunal Constitucional por otras disposiciones cuestionadas durante su tramitación.
Con la decisión del TC, las familias ubicadas en zonas afectadas por una catástrofe podrán acceder a la restitución de sus servicios básicos sin tener que pagar por la reconexión, aun cuando el suministro hubiese sido suspendido previamente debido a una deuda.
La medida adquiere especial relevancia ante incendios, inundaciones, terremotos u otras emergencias que lleven a decretar oficialmente una zona de catástrofe.
El fallo deja así en pie una disposición de protección para hogares damnificados que el Gobierno intentó sacar de la legislación, cerrando uno de los últimos conflictos constitucionales pendientes relacionados con la megarreforma.
