El Presidente volvió a defender su propuesta y atribuyó las dificultades para combatir el crimen organizado a una falta de respaldo político. Sin embargo, la iniciativa enfrenta reparos de la oposición, constitucionalistas y de figuras del propio oficialismo, mientras incluso dirigentes republicanos ya admiten que deberá sufrir modificaciones.

El Presidente José Antonio Kast volvió este martes a defender la cuestionada reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno, pero lo hizo en un escenario político cada vez más complejo: el proyecto acumula objeciones no solo desde la oposición y el mundo académico, sino también desde sectores de la propia derecha que inicialmente parecían llamados a respaldarlo.

Durante una actividad de entrega de nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones, el mandatario insistió en la necesidad de contar con mayores herramientas para enfrentar al crimen organizado y apuntó a la falta de respaldo político como uno de los obstáculos para avanzar en seguridad.

“Podemos entregar los vehículos, pero si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay respaldo en recursos, vamos a ir quedando atrás”, sostuvo Kast.

El problema para La Moneda es que precisamente ese respaldo político se ha ido debilitando a medida que se conocen los alcances de la reforma.

Una reforma bajo fuego cruzado

Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública, que en su formulación original podría extenderse hasta por ocho meses sin autorización del Congreso.

Durante su vigencia se podrían restringir derechos como la libertad de desplazamiento, reunión y asociación, además de intervenir comunicaciones. Especialistas han cuestionado particularmente que la propuesta permita interceptar comunicaciones sin exigir previamente una autorización judicial.

Las críticas ya no provienen únicamente de la oposición.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió que la propuesta “raya en lo iliberal” y condicionó cualquier respaldo de su colectividad a modificaciones. El senador Johannes Kaiser también cuestionó el proyecto y sostuvo que, manteniendo un estado de excepción prolongado sin control parlamentario, se acerca a un sistema “cada vez menos democrático”.

Incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha rechazado que el nuevo estado de excepción opere sin participación del Congreso.

El aislamiento político de la propuesta quedó todavía más expuesto este martes cuando el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se abrió a introducir ajustes y reconoció que al nuevo estado de excepción “le falta mucho todavía por desarrollar”.

Kast insiste, pero admite cambios

Pese a los cuestionamientos, Kast ha descartado que su iniciativa tenga un carácter iliberal y sostiene que el objetivo es entregar al Estado herramientas extraordinarias para enfrentar situaciones extraordinarias.

El mandatario, sin embargo, ya reconoció que la propuesta puede modificarse durante su tramitación en el Congreso.

La discusión, por tanto, dejó de concentrarse únicamente en la tradicional disputa Gobierno-oposición. El Ejecutivo deberá ahora convencer también a sectores de la derecha y del propio oficialismo si pretende reunir los votos necesarios para una reforma constitucional.

A ello se suma una señal desde la opinión pública. Una encuesta Cadem mostró que un 58% rechaza que el Presidente pueda decretar por sí solo el nuevo estado de excepción, mientras un 37% respalda esa atribución. El apoyo aumenta cuando se incorpora la autorización del Congreso.

La paradoja para La Moneda es evidente: Kast reclama respaldo político para endurecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado, pero la fórmula escogida por su propio Gobierno es precisamente la que está dificultando conseguirlo.

La seguridad mantiene amplios consensos políticos y ciudadanos. Lo que está en discusión ya no es si el Estado debe enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado, sino hasta dónde puede llegar sin debilitar los contrapesos institucionales y las garantías que pretende proteger.