Dos auditorías del organismo fiscalizador evidenciaron gastos sin respaldo, pagos por servicios no acreditados y cuestionados procesos de contratación en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos, mientras se ordenaron sumarios administrativos para determinar responsabilidades.

Una serie de graves irregularidades en la gestión administrativa del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), tras la realización de dos auditorías que concluyeron con reparos por más de $1.500 millones en recursos públicos. Los informes, identificados con los números 636 y 700, revelaron deficiencias en la contratación de servicios, pagos sin respaldo documental y fallas en los mecanismos de control interno del recinto asistencial. 

Entre los hallazgos más relevantes figuran desembolsos vinculados a servicios de aseo, seguridad, mantenciones y apoyo logístico que carecen de documentación suficiente para acreditar su ejecución. Incluso se detectaron inconsistencias como el pago de horas que no habrían sido trabajadas. Según el informe, “había desembolsos por servicios de aseo, seguridad, mantenciones y apoyo logístico que no cuentan con documentación que acredite su ejecución o que presentan inconsistencias, como el pago de horas no trabajadas”. 

La auditoría también reveló irregularidades en convenios de mantención de equipos médicos, algunos de los cuales habían sido previamente dados de baja, además de la inexistencia de registros que permitan verificar los repuestos utilizados. A partir de estos antecedentes, la Contraloría formuló un reparo por más de $1.112 millones asociados a gastos insuficientemente acreditados en distintos contratos y prestaciones vinculadas al funcionamiento del hospital. 

Otro de los puntos críticos detectados corresponde al uso reiterado de la modalidad de trato directo en procesos de compra y contratación. De acuerdo con los informes, el recinto efectuó adquisiciones por cerca de $477 millones sin justificar adecuadamente por qué no se recurrió a procesos competitivos con otros proveedores. Además, se contrataron servicios externos para funciones que forman parte de las labores habituales del hospital, como apoyo administrativo y atención de público. 

Las auditorías también advirtieron eventuales conflictos de interés dentro de la gestión institucional. En algunos casos, jefaturas participaron en distintas etapas de procesos de compra y evaluación de contratos, lo que contraviene las normas de probidad administrativa. Incluso se identificó a un jefe de unidad que certificó la experiencia de empresas mientras participaba en la evaluación de las mismas y actuaba como contraparte técnica en los contratos adjudicados. 

Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó la apertura de procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas. Asimismo, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos para evaluar posibles responsabilidades penales o tributarias derivadas de la gestión observada en el recinto hospitalario.