La iniciativa propone bajar los impuestos que pagan las empresas y asegurarles que esas reglas no cambiarán durante 25 años. El Gobierno dice que así llegarán más inversiones y empleos, mientras críticos advierten menos dinero para el Estado.

La llamada “megareforma”, también conocida como Ley de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea, se transformó en uno de los proyectos más importantes del Gobierno del Presidente José Kast. Pero entre tantos términos técnicos y discusiones políticas, mucha gente todavía no entiende realmente qué busca esta iniciativa.

El punto más importante del proyecto —el llamado “corazón” de la reforma— tiene relación con los impuestos que pagan las empresas en Chile.

Hoy, las empresas grandes pagan un impuesto del 27% sobre sus ganancias. Lo que propone el Gobierno es bajar gradualmente ese impuesto hasta llegar al 23% en los próximos años.

¿Y qué significa eso en simple? Que las empresas pagarían menos plata al Estado en impuestos.

El Gobierno asegura que si las empresas pagan menos impuestos, tendrán más dinero disponible para invertir, abrir nuevos proyectos, contratar más trabajadores y mover la economía.

La idea del Ejecutivo es algo así: “si le cobramos menos a las empresas, van a tener más ganas de invertir en Chile en vez de irse a otros países”.

Por ejemplo, si una empresa gana 100 millones de pesos, hoy tendría que entregar 27 millones al Estado. Con la reforma, en unos años entregaría 23 millones. Esos 4 millones “ahorrados” podrían usarse —según el Gobierno— para crear empleos, comprar maquinaria o ampliar negocios.

Pero ahí aparece la gran pelea política.

Los críticos del proyecto dicen que esa plata que las empresas dejarían de pagar significa menos recursos para el Estado. O sea, menos dinero disponible para hospitales, colegios, seguridad, viviendas o programas sociales.

Y ahí surge la pregunta que divide al Congreso: ¿bajar impuestos hará crecer la economía o terminará debilitando las arcas fiscales?

Otro punto muy polémico del proyecto tiene un nombre complicado: “invariabilidad tributaria”. Pero en simple significa esto: el Gobierno quiere prometerle a las grandes empresas que, si invierten millones de dólares en Chile, las reglas de impuestos no les cambiarán durante 25 años.

Es como firmar un contrato donde el Estado dice: “tranquilos, aunque cambien los gobiernos, no les vamos a subir los impuestos durante todo este tiempo”.

El Ejecutivo cree que eso dará confianza a inversionistas extranjeros y grandes empresas para instalar proyectos en Chile. Sin embargo, la oposición critica duramente esta idea y asegura que sería como “amarrar” a futuros gobiernos, impidiéndoles hacer nuevas reformas tributarias aunque el país lo necesite.

También hay preocupación porque el propio Consejo Fiscal Autónomo —un organismo técnico que revisa las cuentas del Estado— advirtió que esta reforma podría aumentar la deuda pública si el crecimiento económico prometido no ocurre como espera el Gobierno.

En resumen, el proyecto apuesta a algo muy simple: cobrar menos impuestos para tratar de mover más la economía. Pero sus críticos creen que eso podría terminar beneficiando principalmente a las grandes empresas y reduciendo recursos fiscales en un momento donde el país enfrenta problemas en salud, seguridad y educación.

Por eso la discusión se volvió una de las más tensas del último tiempo en el Congreso y probablemente seguirá generando debate durante varias semanas más.