SernamEG manifestó su oposición al beneficio, en un caso que ha marcado la discusión sobre violencia de género en el país.

El caso de Nabila Rifo vuelve a instalarse en el debate público luego de que su agresor, Mauricio Ortega, presentara una nueva solicitud de libertad condicional, reactivando un proceso que ya ha generado controversias judiciales en el pasado.

El condenado cumple una pena de 18 años de presidio por la brutal agresión ocurrida en 2016 en Coyhaique, donde la víctima sufrió lesiones gravísimas que le provocaron la pérdida total de la visión.

La nueva solicitud será evaluada por la comisión correspondiente, en un contexto marcado por decisiones previas que han sido revertidas por la justicia. En 2025, por ejemplo, se ordenó el reingreso de Ortega a prisión luego de que se detectaran irregularidades en el proceso que le había otorgado el beneficio.

En esta oportunidad, el SernamEG ya manifestó su rechazo a la posibilidad de conceder nuevamente la libertad condicional, argumentando la gravedad de los hechos y los antecedentes del caso.

El historial judicial del imputado ha estado marcado por decisiones contradictorias. Si bien en una primera instancia se le otorgó el beneficio tras cumplir parte de su condena y mantener buena conducta intrapenitenciaria, posteriormente este fue revocado por tribunales superiores.

Además, evaluaciones previas han concluido que el condenado no ha demostrado avances significativos en su proceso de reinserción social, uno de los requisitos clave para acceder a este tipo de beneficios.

El caso ha generado un amplio debate en torno a los criterios utilizados para conceder libertades condicionales en delitos de alta connotación pública, especialmente aquellos vinculados a violencia contra las mujeres.

Cabe recordar que la agresión a Nabila Rifo se convirtió en uno de los casos más impactantes en Chile, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por las discusiones legales posteriores en torno a la tipificación del delito y la duración de la condena.

En ese contexto, organismos públicos y actores del sistema judicial han insistido en la necesidad de considerar no solo la conducta del condenado en prisión, sino también el impacto en la víctima y los riesgos asociados a una eventual liberación.

La nueva solicitud de Ortega se produce en medio de un escenario donde persisten cuestionamientos al sistema de evaluación de beneficios penitenciarios, especialmente en casos de violencia de género.

La resolución que adopte la comisión será clave para determinar si el condenado continúa cumpliendo su pena en reclusión o accede nuevamente a una medida de libertad supervisada.