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Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 19 de agosto de 2026 | Publicado a las: 22:01
Una nueva arista judicial vuelve a poner bajo la lupa el caso Luchsinger-Mackay. Una querella criminal presentada contra el abogado Luis Hermosilla lo acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, a partir de conversaciones y gestiones realizadas mientras la Corte Suprema revisaba en 2018 un recurso de nulidad relacionado con la causa.
De acuerdo a Radio Bío Bío, la acción fue presentada por la abogada Karina Riquelme Viveros, en representación de José Tralcal Coche, y fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La querella sostiene que existieron coordinaciones destinadas a intervenir ante integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema para evitar que se anulara el juicio.
Entre los antecedentes incorporados aparecen conversaciones extraídas del teléfono de Hermosilla correspondientes a agosto de 2018, período en que la Segunda Sala del máximo tribunal analizaba el recurso presentado por las defensas.
Según los registros conocidos, Hermosilla preguntó a José Ramón Correa quién era su contacto más cercano dentro de la Sala Penal. Correa respondió haciendo referencia al ministro Manuel Valderrama. Posteriormente, Hermosilla manifestó la necesidad de que fuera rechazada la nulidad del caso Luchsinger-Mackay.
El abogado vinculó además el resultado de aquella discusión judicial con la situación existente entonces en La Araucanía, señalando en los mensajes que evitar otro juicio era importante para avanzar en lo que denominó el proceso de “pacificación” de la región.
La querella también pone atención sobre contactos telefónicos realizados durante esos días.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la parte querellante, el 9 de agosto de 2018 Correa habría instado a Hermosilla a comunicarse con el ministro Valderrama. Posteriormente, Hermosilla confirmó que había efectuado la llamada y señaló que esta había sido realizada de emergencia para transmitir el mensaje.
Correa habría informado posteriormente que el magistrado agradeció el contacto y habría entregado información relacionada con la composición de la sala. Estos hechos son parte de los antecedentes que ahora la querella busca que sean investigados penalmente.
Otro elemento relevante corresponde al papel que Hermosilla desempeñaba en aquel momento.
La acción judicial sostiene que el abogado se encontraba contratado como asesor del Gobierno de Sebastián Piñera, por encargo del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, y participaba en la representación de los intereses del Estado en el caso Luchsinger-Mackay. Su intervención gubernamental en esta causa ya había sido reportada públicamente durante 2018.
Precisamente este vínculo es utilizado por la querella para argumentar que el principio de ejecución de los presuntos delitos habría ocurrido en dependencias de La Moneda, fundamento con el que se plantea la competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La controversia se remonta al proceso judicial por la muerte del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrida durante un ataque incendiario registrado en enero de 2013 en Vilcún.
En 2018, José Tralcal y Luis Tralcal fueron condenados por incendio con resultado de muerte. Posteriormente, la Corte Suprema revisó los recursos presentados contra la sentencia y mantuvo la culpabilidad, aunque eliminó el carácter terrorista atribuido al delito.
Ahora, ocho años después de aquellas conversaciones, la querella pretende que se investigue si las gestiones atribuidas a Hermosilla constituyeron delitos y si existió una intervención indebida destinada a influir en la resolución del máximo tribunal.
La admisibilidad de la querella no significa que los delitos atribuidos a Hermosilla estén acreditados. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
Fuente: biobiochile.cl
