Desde prisión, el líder de la CAM realizó un duro análisis del periodo presidencial anterior, cuestionando militarización, políticas económicas y el manejo del conflicto mapuche.

Desde prisión, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, difundió un artículo de opinión en el que realiza un crítico balance del gobierno del expresidente Gabriel Boric en relación al conflicto en el Wallmapu.

En el texto, Llaitul sostiene que “la administración Boric será recordada como la peor de los gobiernos postdictadura para la lucha del Pueblo Nación Mapuche”, apuntando a una serie de medidas que, a su juicio, profundizaron la militarización y la represión en la zona.

Entre sus principales cuestionamientos, afirma que el gobierno impulsó una “militarización del Wallmapu a través de los belicistas Estados de Excepción”, además de un “fallido Acuerdo de Paz y Entendimiento”, el cual calificó como “una farsa y una burla para las comunidades”.

Asimismo, acusa una “continuidad de la criminalización de la Causa Mapuche mediante una legislación mucho más dura”, mencionando normativas como la ley de usurpaciones, la ley Naím Retamal y modificaciones a la ley Antiterrorista, las que —según indica— habrían reforzado la persecución hacia comuneros.

En esa línea, sostiene que durante el periodo se registró “la mayor cantidad de comuneros mapuche (…) que hoy superan los 150 presos políticos”, denunciando además situaciones de “trato degradante y vulneración de sus derechos”.

El líder de la CAM también vincula estas políticas con el modelo económico, afirmando que el gobierno “intensificó las políticas neoliberales a ultranza”, favoreciendo —según su visión— al gran capital por sobre las demandas territoriales de las comunidades.

En uno de los puntos más duros del texto, Llaitul asegura que el expresidente “dejó la impunidad asegurada a los represores (…) allanando el camino para una eventual escalada fascista”, agregando que “Boric será recordado (…) por haber dejado todo listo a los fascistas”.

Las declaraciones se enmarcan en el debate permanente sobre el conflicto en el sur del país, donde las posturas sobre seguridad, restitución territorial y desarrollo continúan generando tensiones políticas y sociales.