Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 4 de octubre de 2026 | Publicado a las: 06:03
Las recientes precipitaciones volvieron a poner en el centro de la discusión el proyecto de relleno sanitario Pintamahuida, luego que el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, y vecinos del sector acudieran al terreno para advertir sobre la acumulación de agua registrada en el lugar.
La autoridad comunal sostuvo que las condiciones observadas tras las lluvias respaldan los cuestionamientos que el municipio y habitantes de la zona han planteado respecto del emplazamiento del proyecto.
Jaramillo afirmó que durante los estudios se habría encontrado agua a menos de un metro de profundidad y cuestionó la solución planteada para elevar las instalaciones.
“Se encontró agua a menos de un metro, y por eso que el proyecto lo quieren elevar, lo quieren subir para que dé los tres metros que dice la norma. Pero eso va a ceder y se van a contaminar las aguas”, sostuvo el alcalde.
El jefe comunal manifestó además su preocupación por una eventual afectación de cursos de agua y pozos utilizados por habitantes del sector.
Los vecinos también plantearon reparos. Pablo Sandoval, residente frente al terreno proyectado para el relleno, advirtió sobre eventuales consecuencias aguas abajo y mencionó sectores vinculados al río Quillén, Galvarino, Cholchol e Imperial.
Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos formulados por el municipio y los habitantes del sector y forman parte de la controversia ambiental que ha acompañado la tramitación del proyecto.
El proyecto Pintamahuida contempla una capacidad de diseño promedio de 667 toneladas de residuos por día y una vida útil estimada de 15 años. Antecedentes oficiales señalan una superficie total aproximada de 101,3 hectáreas.
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía aprobó la iniciativa en septiembre por nueve votos a favor y dos en contra. Las seremías de Salud y Vivienda votaron en contra, mientras otros organismos regionales respaldaron el proyecto.
El alcalde de Lautaro, vecinos, comunidades y organizaciones ambientales han mantenido su oposición al emplazamiento y han anunciado que continuarán utilizando las instancias administrativas disponibles para cuestionar el proyecto.