La iniciativa modifica la Constitución y redefine el rol de la institución, que pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, separando funciones clave como la reinserción social.

El Senado despachó a ley la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, marcando un cambio estructural en el sistema de seguridad del país.

La iniciativa, que ya había avanzado en sus etapas previas en el Congreso, modifica la Carta Fundamental para reconocer formalmente a Gendarmería como parte del aparato de seguridad pública, otorgándole un estatus similar al de Carabineros y la Policía de Investigaciones en cuanto a su rol en el resguardo del orden público.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el cambio en la dependencia institucional. Con esta reforma, Gendarmería dejará de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pasará a estar bajo el alero del Ministerio de Seguridad Pública, integrándose directamente a la planificación y ejecución de políticas de seguridad a nivel nacional.

La transformación también implica una reorganización de funciones. En particular, las tareas vinculadas a la reinserción social de las personas privadas de libertad serán separadas de Gendarmería y traspasadas a un nuevo organismo especializado, que quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Otro aspecto relevante es el impacto en el régimen jurídico del personal de la institución. Al integrarse a las Fuerzas de Orden y Seguridad, se establecen restricciones como la limitación del derecho a asociación de sus funcionarios, alineándolos con las normas que rigen a las policías.

Durante su tramitación, la reforma generó debate en torno al alcance de estos cambios, especialmente en lo relativo a derechos laborales y al rol que debe cumplir Gendarmería en el sistema penitenciario. Sin embargo, el proyecto avanzó sin modificaciones sustantivas en su etapa final, quedando en condiciones de convertirse en ley.

La aprobación de esta iniciativa se da en un contexto marcado por la crisis del sistema carcelario y el aumento de la criminalidad organizada, donde el fortalecimiento institucional de Gendarmería aparece como una de las prioridades en materia de seguridad pública.