La medida afecta iniciativas impulsadas en la administración anterior, incluyendo protección de ecosistemas, especies y regulaciones ambientales. La decisión abre dudas sobre el futuro de estos proyectos y su eventual reingreso.

Una decisión de alto impacto tomó el Ministerio del Medio Ambiente al retirar 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República, todos ellos correspondientes a iniciativas impulsadas durante el gobierno anterior.

Se trata de un conjunto amplio de instrumentos regulatorios que abarcaban distintas áreas de la política ambiental, incluyendo la creación de áreas protegidas, planes de conservación de especies, normativas de emisión y regulaciones vinculadas a la gestión de recursos naturales. Entre los casos más relevantes, figuraban medidas de protección para ecosistemas estratégicos como el salar de Pedernales y especies como el pingüino de Humboldt.

La decisión fue comunicada mediante un oficio enviado por la cartera, donde se instruyó retirar estos decretos antes de completar su tramitación, lo que en la práctica implica que quedan sin efecto en su estado actual y deberán reiniciar su proceso si el Ejecutivo decide retomarlos.

Desde el Gobierno se ha planteado que la medida responde a una revisión integral de los instrumentos heredados, con el objetivo de evaluar su coherencia técnica, jurídica y administrativa antes de avanzar en su implementación definitiva.

Sin embargo, el alcance de la decisión ha generado preocupación en sectores ambientales, ya que muchos de estos decretos formaban parte de la implementación de políticas clave en materia de conservación y cumplimiento de compromisos climáticos. En Chile, estos instrumentos son fundamentales para operacionalizar leyes como la Ley Marco de Cambio Climático y el sistema de gestión ambiental vigente.

Además, varios de los decretos retirados estaban vinculados a la creación o ampliación de áreas protegidas, una herramienta clave para resguardar la biodiversidad del país y avanzar en metas internacionales de conservación.

El retiro también impacta en regulaciones asociadas a la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que establece obligaciones para la gestión de residuos y reciclaje, un sistema que se implementa precisamente a través de decretos supremos que fijan metas y exigencias para distintos productos prioritarios.

En la práctica, la medida implica un “reset” administrativo de estas iniciativas, generando incertidumbre respecto a los plazos y condiciones en que podrían volver a ingresar al sistema.

El escenario abre un debate más amplio sobre el rumbo de la política ambiental en el país, especialmente en un contexto donde la institucionalidad —como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas— busca consolidar la protección de ecosistemas a nivel nacional.

Así, mientras el Ejecutivo defiende la revisión como un proceso técnico necesario, desde distintos sectores advierten que el retiro masivo de decretos podría significar un freno en la agenda ambiental, dejando en pausa medidas consideradas clave para la conservación y el desarrollo sostenible.