La presidenta del gremio empresarial planteó la necesidad de terminar con esta figura tras reunirse con el ministro del Trabajo, argumentando efectos negativos en la actividad económica.

Un nuevo foco de debate se abrió en materia laboral luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) planteara la eliminación de los feriados irrenunciables, tras una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

La propuesta fue expuesta por la presidenta del gremio, Susana Jiménez, quien advirtió sobre el impacto que este tipo de jornadas tiene en la actividad económica. En ese contexto, afirmó: “genera una merma muy importante”.

La dirigenta profundizó en sus argumentos, señalando que la preocupación no solo radica en los días festivos, sino también en su extensión a otros procesos, como periodos electorales. “Nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales”, indicó.

Desde la CPC sostienen que este tipo de medidas no solo afecta al comercio, sino que también tendría efectos en los propios trabajadores y en la dinámica del consumo. “Eso genera una merma muy importante no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”, agregó.

En esa línea, el gremio planteó que se debe avanzar hacia mayor flexibilidad en el sistema. “Es importante mantener la libertad de emprendimiento… nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”, sostuvo Jiménez, enfatizando que esto debiera aplicarse tanto a los actuales como a eventuales nuevos feriados.

La propuesta no tardó en generar reacciones desde el mundo sindical. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionaron la idea, advirtiendo un posible retroceso en derechos laborales. “¿Van a seguir planteando anuncios de quitar derechos? ¿En qué vamos a terminar?”, señaló su presidente, David Acuña.

El planteamiento instala un nuevo punto de tensión en la agenda laboral, abriendo un debate entre la flexibilidad económica y la protección de derechos para los trabajadores.