El presidente electo sostuvo que la iniciativa —aprobada en general por la Cámara Alta— no implica indultos ni liberaciones masivas, sino mecanismos alternativos para el cumplimiento de condenas en casos excepcionales como enfermedades terminales o edad avanzada.

El presidente electo José Antonio Kast salió al paso de la polémica generada por el proyecto aprobado en general por el Senado de Chile que busca establecer mecanismos de cumplimiento alternativo de penas para personas que cumplan ciertos criterios de edad o salud. La iniciativa ha provocado un fuerte debate político, especialmente desde sectores del oficialismo, que advierten que podría beneficiar a condenados por delitos graves o incluso por violaciones a los derechos humanos.

El futuro mandatario abordó la controversia antes de iniciar un viaje a Estados Unidos y recalcó que el proyecto aún está en discusión parlamentaria. En ese contexto, subrayó que la iniciativa no implica indultos ni liberaciones automáticas, sino una alternativa para el cumplimiento de penas en circunstancias específicas. “Esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas”, afirmó.

Kast también defendió que el debate se aborde desde una perspectiva humanitaria, especialmente en casos de internos con enfermedades terminales o condiciones de salud graves. “Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad”, señaló el presidente electo, agregando que este tipo de situaciones han sido discutidas en distintos países y contextos jurídicos.

En sus declaraciones, el líder republicano citó al juez español Baltasar Garzón para respaldar su argumento, recordando una frase atribuida al magistrado: “Nadie merece morir en la cárcel”. Con ello, llamó a abrir una reflexión pública sobre cómo deben cumplirse las penas en situaciones humanitarias extremas.

La discusión legislativa ha sido especialmente estrecha. La iniciativa fue aprobada en general por el Senado con 23 votos a favor y 22 en contra, lo que permitió que continúe su tramitación en el Congreso, donde se espera que se presenten indicaciones y ajustes al texto antes de una eventual votación final.

Desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric han surgido fuertes críticas al proyecto, argumentando que los responsables de delitos graves deben cumplir sus condenas en prisión. El debate promete seguir marcando la agenda política en medio del proceso de transición presidencial y de la discusión sobre políticas penitenciarias en Chile.